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Tomando prestada la ocurrencia de Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, podríamos decir aquello de: «¡BOOOOOM! Hay caso Grúas para rato». Porque esa es la primera conclusión de la providencia dictada ayer por la jueza Celia Blanco, que amplía la lista de imputados al incluir a la directora de área de Seguridad y Movilidad -cargo de confianza del Ayuntamiento de La Laguna- y llama en calidad de testigos a una docena de personas, además de acordar la petición de pruebas documentales de acuerdo con el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

La decisión de la jueza sigue así la hoja de ruta dibujada por la fiscal María Farnés Martínez en su primer escrito en este procedimiento. En aquellos 70 folios cuya lectura generaron pesadillas en muchos en Coalición Canaria, la fiscal planteó abiertamente iniciar desde el kilómetro cero la instrucción. Y lo hizo no por capricho, sino porque aprecia indicios de tres delitos: prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. Estamos hablando de presuntos ilícitos encuadrados en la categoría de la corrupción política y por eso está Farnés Martínez en el procedimiento, y no por una conjura planetaria contra Coalición, como se ha pretendido argumentar desde el partido nacionalista.

La relevancia de la providencia de ayer va más allá de que la jueza le haga caso a la fiscal. Por un parte, queda claro que encuentra motivos para investigar -imputar en la anterior terminología- a una cuarta persona y apunta expresamente que ha podido ser colaboradora de una prevaricación. Luego, porque al fijar las declaraciones de testigos entre los primeros días de junio y el 9 de julio, prolonga dos meses la instrucción y la sumerge de lleno en el periodo clave en la vida política: la negociación de pactos locales, insulares y el acuerdo regional para la gobernabilidad de Canarias. Y en tercer lugar, y ojo al dato, porque la providencia sale del juzgado a las pocas horas de haber llegado el escrito de 50 folios -más docena y media de documentos- del abogado de Fernando Clavijo pidiendo el archivo al entender que no se sostiene la acusación contra el presidente. Evidentemente la jueza no ha contestado de manera formal a esa petición del letrado José Antonio Choclán, pero de facto sí que lo hace con su decisión de una imputación más y doce testigos.

Conclusión: hay caso Grúas para rato; la lista de imputados crece; la jueza hace caso a la fiscal Anticorrupción y CC se encuentra con que su candidato a la reelección estará en plena negociación de los pactos pendiente de un juzgado. Insisto: un «¡BOOOOOM!» del tamaño del que escribió Carlos Alonso cuando el CD Tenerife le ganó a la UD Las Palmas.

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