Canarias, razón de Estado

La experiencia de los canarios nos ha enseñado que uno de los principales problemas al que nos enfrentamos, una y otra vez, legislatura tras legislatura, es explicarle a los altos funcionarios y responsables de la Administración central la realidad de las islas. Porque es un hecho que no se comprende ni se conoce a pesar de que el hecho insular está recogido en el artículo 138 de la Constitución española que hemos celebrado esta pasada semana.

Pero es que el problema no es normativo, es aplicativo. Existe un amplio despliegue de normas, tanto de la Unión Europea como de España, donde se contemplan políticas específicas adecuadas a la realidad de Canarias. Estamos hablando de compensaciones económicas a la lejanía y a la insularidad que pretenden situar a los canarios en las mismas condiciones que un ciudadano peninsular. Todas las subvenciones y ayudas destinadas a paliar en la medida de lo posible los sobrecostes de la insularidad, desde el transporte aéreo a la producción de electricidad, no son privilegios especiales para que Canarias esté por encima de otros territorios, sino que intentan situarla al mismo nivel.

Esto, que aparentemente es sencillo de entender, no le entra en la cabeza a muchos peninsulares. Por eso se produce el hecho paradójico de que cuando se habla de la financiación a Canarias se suman indebidamente las cantidades que se nos transfieren para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, como al resto de comunidades, con las que se nos dan para igualar a los canarios y compensar el hecho insular. Sumando todo lo que viene a las islas estamos aparentemente bien financiados, en la media española, pero restando las ayudas a la insularidad somos la última Comunidad en financiación homogénea.

Todo esto se agrava cuando se confronta con una realidad indiscutible: ocupamos los primeros lugares de España en los peores indicadores sociales y económicos; duplicamos la tasa de paro nacional; tenemos las peores rentas familiares y los salarios más bajos: encabezamos las listas de la pobreza y la exclusión social; el número de pensiones no contributivas en las islas es enorme en relación a la población y el costo de la vida se encuentra entre los más altos del Estado. De todo punto de vista, la situación que padece nuestro archipiélago justifica que se disparen todas las alarmas y se realicen todos los esfuerzos en dos frentes: ayudar ahora mismo a la población más vulnerable a superar estos difíciles momentos y colocar las bases para un desarrollo económico y social que liquide los indicadores de pobreza y paro ofreciendo a los canarios un trabajo y un salario digno.

Creo que es una excelente idea que se constituya una comisión en la que se debatan los problemas que padecen las islas dentro del Estado español. Hay unas, como las Baleares, que se encuentran entre las comunidades más ricas del país y que pese a ello cuentan con ayudas y tratamiento fiscal y económico especial, similar al de Canarias. Y hay otras, como nuestras Islas Canarias, que se convertirán en una bomba social si no somos capaces de dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos. A la crispación política no solo se llega por la vía de la ideología o del soberanismo, también se puede aterrizar ahí por la frustración de unas nuevas generaciones condenadas a no tener trabajo ni vivienda ni futuro. Se puede llegar por el cansancio y la rabia que produce la cronificación de una pobreza de la que no se puede escapar.

Los canarios han sobrellevado con fortaleza y con resignación situaciones que en otros lugares habrían sido la espoleta de conflictos sociales. Pero ya se empiezan a ver síntomas del cansancio de muchos ciudadanos que, legítimamente, se preguntan por qué no somos capaces de conseguir respuestas a una pobreza que se ha cronificado. Uno de los caminos para encontrar respuestas es conseguir que el Estado entienda, de una vez y para siempre, que conseguir la prosperidad en Canarias, dos millones trescientas mil almas que viven a mil quinientos kilómetros de distancia de la España continental, es razón de Estado.