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El Parlamento de Canarias fue escenario esta semana del análisis en comisión del informe de la Diputación del Común en torno a la situación de las residencias de mayores en el archipiélago, un debate que obliga a reflexionar en profundidad sobre el desafío que tiene Canarias ante la evidencia de que hay cuestiones que mejorar y, sobre todo, que si no se corrigen de manera inmediata, se agravarán, pues el envejecimiento poblacional es creciente, al igual que -por suerte- el aumento de la esperanza de vida. De entrada, hay que sacar la tarjeta amarilla al propio Parlamento y al conjunto de los grupos políticos presentes en él: el informe llegó a la Cámara en 2020 y no es de recibo que sus señorías, la mayoría de ellos con dedicación exclusiva, hayan hecho evidente dejación de sus responsabilidades. No hay excusa para ello y les ha faltado disculparse con el conjunto de la sociedad, especialmente con los hombres y mujeres de la tercera edad y sus familiares.
El informe se refiere a hechos constatados en residencias inspeccionadas en 2019, con casos de desatención, suciedad, riesgos para la salud y, sobre todo, la sangrante falta de fiscalización por parte de la Comunidad Autónoma. A estas alturas lo de menos es el año de la inspección, con Coalición Canaria al frente de un Gobierno monocolor; lo que debe centrar la atención es contar con la garantía de que aquellas miserias se han subsanado y que se ha puesto en marcha un sistema de vigilancia que evite casos similares. Como también hay que exigir que las políticas sociosanitarias, que implican también a cabildos y ayuntamientos, cuenten con mecanismos ágiles para atender a los mayores y para asegurar la calidad de los servicios que reciben. En ese sentido, no debe haber diferencias por islas ni municipios, como también debe fijarse un listón muy alto de exigencia en cuanto a la calidad de los centros, ya sean públicos o privados. Para todo eso, como apuntó el Diputado del Común, Rafael Yanes, es clave que el cuerpo de inspectores crezca notablemente, como también que haya un protocolo rápido de actuación cuando se detecten carencias.
Cuando estalló la pandemia, la lacerante situación de algunas residencias de mayores en toda España activó las alarmas y puso el foco en la falta de vigilancia. Lo mismo hace ahora este informe al que han llegado tarde, muy tarde, sus señorías los parlamentarios. Ya no caben más avisos: toca actuar.
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