Vivir en pausa: 242.000 personas atrapadas en el limbo del asilo

La tasa de reconocimiento de la protección internacional solicitada se situó en el 18,5 %, mientras que la media de la Unión Europea alcanzó el 46,6 %, según recoge el informe anual que ha elaborado CEAR y que ha presentado este lunes, 16 de junio. Este balance se produjo en un año en que entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, orientado a reforzar el control fronterizo a través de terceros países y agilizar los procedimientos, y en el que España continuó gestionando uno de los mayores volúmenes de solicitudes del continente.

La distancia entre el volumen de solicitudes y las respuestas efectivas del Estado refleja la saturación administrativa a la que está sometida actualmente sisitema. Mientras el número de expedientes pendientes alcanzó los 242.056 —un 26,6 % más que el año anterior—, aumentaron también las solicitudes archivadas por defecto de procedimiento (más de 6.000 casos), de manera que muchas de estas personas se han quedado sin garantías mínimas. Todo ello ha llevado a que miles de personas a un limbo legal sin acceso a derechos básicos como vivienda, sanidad o trabajo.

A esta situación- de incremento de solicitudes, pero lentitud a la hora de procesarlas- se suma el impacto de las nuevas políticas migratorias. El informe de CEAR señala que el Pacto Europeo de Migración y Asilo consolida un enfoque centrado en el «control de flujos migratorios y en la contención», con medidas como procedimientos acelerados en frontera y ampliación de la detención administrativa. En este contexto, España sufre «una carga desproporcionada sobre los Estados miembros fronterizos». No obstante, según la organización, la normativa aprobada en 2024 «no resuelve las deficiencias estructurales del sistema común de asilo» y corre el riesgo de debilitar las garantías de protección al priorizar «la gestión y el retorno frente al acceso al derecho».

Y aunque España registró un notable flujo de solicitudes de protección internacional, el 70% de ellas se contabilizaron en cinco comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid lidera el ranking con 47.439 peticiones. Le sigues Andalucía con 25.538 y Cataluña con 17.488. Por debajo de las 10.000 se sitúan Galicia (8.415) y Aragón (8.153), que ha vivido un notable aumento respecto a 2023, puesto que ha pasado de 6.438 a 8.153 peticiones. Entre Madrid, Andalucía y Cataluña sumaron más de la mitad del total de solicitudes, alcanzando el 55,42%.

Si se mira a nivel provincial, el informe de CEAR refleja que Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza y Vizcaya son las regiones que más solicitudes registraron el año pasado. La novedad respecto a 2023 es que la provincia vasca se ha convertido en una de las que más peticiones ha tenido, de manera que Las Palmas, a pesar de ser una de las principales puertas de entrada para migrantes, ya no formaría parte de los cinco territorios con más solicitudes.

Ceuta y Melilla, por su parte, también vivieron un incremento en la demanda de asilo. La primera de ellas pasó de 1.286 solicitudes en 2023 a 2.506 en 2024, la mayoría de ellas de ciudadanos de origen marroquí. Melilla registró 2.308 solicitudes, de las cuales 1.892 se formalizaron.

En lo que respecta a la edad de los solicitantes de asilo, las presentadas por jóvenes de entre 18 y 34 años crecieron un 10,1%, pasando de 77.678 en 2023 a 85.537, lo que supone más de la mitad del total (51,1%). Por su parte, las peticiones de menores de 0 a 17 años experimentaron un leve descenso del 2%, reduciéndose de 31.429 a 30.782. Las personas mayores de 65 años representaron cerca del 2% del total de solicitudes.

Todas estas cifras llevan a que CEAR denuncie, de nuevo, el «enfoque securitario y restrictivo» que la Unión Europea ha puesto en marcha en materia migratoria. Pone como ejemplo el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo —aprobado en 2024—, sobre el que aseguran que es una medida que «prioriza la contención de llegadas y el endurecimiento de las políticas de asilo», en lugar de reforzar el derecho a la protección internacional. Por ello, alertan de que este tipo de medidas, lejos de frenar los movimientos migratorios, empuja a miles de personas a optar por rutas más peligrosas y a enfrentarse a mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Algo que ha ocurrido con las miles de embarcaciones que llegaron el año pasado a Canarias, a través de la considera como la ruta más mortífera.

CEAR subraya también las «barreras administrativas» que impiden a muchas personas iniciar su proceso de solicitud de asilo. Hablan así de la escasez de citas para formalizar la demanda. Un problema que deja a todos estos solicitantes atrapados en un «limbo jurídico» sin acceso a derechos básicos. Esta situación se agrava en un sistema de acogida que, aunque ha ampliado su capacidad en los últimos años, sigue sin estar preparado para dar una respuesta adecuada a quienes llegan en condiciones de especial vulnerabilidad, a pesar de que el Ministerio de Infancia y Juventud trabaja, a través del decreto aprobado en el Congreso para trasladar a cerca de 4.400 menores desde Ceuta y Canarias a territorios poco tensionados.

Por todo ello, CEAR considera que la futura Ley de Asilo en la que ya trabaja el Gobierno representa una oportunidad clave para «reorientar las políticas migratorias hacia un enfoque garantista y centrado en los derechos humanos».

Las rutas migratorias hacia España en 2024 mantuvieron un patrón similar al del año anterior, a pesar del notable incremento en el número de llegadas irregulares. A través de diferentes vías marítimas, en trayectos que pueden llegar hasta 20 días, los migrantes han logrado alcanzar Canarias desde Senegal, Sáhara Occidental y Marruecos, y Baleares, Levante y Almería desde Argelia.

No obstante, a lo largo del año pasado surgieron dos nuevas vías: una que une Somalia con Baleares a través de Argelia, y que ha llevado a que Ibiza no solo sea una isla turística, sino que también tenga que hacer frente al reto migratorio, y otra que conecta Mali, de donde provienen la mayor parte de los menores no acompañados que llegaron en 2024 a España, con Canarias —especialmente con El Hierro— pasando por Mauritania.

En la ruta hacia Canarias, la mayoría de las embarcaciones llegaron a las islas de Lanzarote y Fuerteventura desde Marruecos o Sáhara Occidental, mientras que Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro recibieron embarcaciones procedentes de Mauritania y Senegal, según recoge el informe elaborado por CEAR.

Por otro lado, las llegadas a Ceuta fueron sobre todo por vía terrestre desde Marruecos, con un incremento notable del 137% respecto a 2023, mientras que las llegadas marítimas disminuyeron un 58%. En Melilla, tanto las entradas por mar como por tierra experimentaron una reducción en comparación con el año anterior.

Ante este complejo escenario, el Gobierno español trabaja en una nueva Ley de Asilo que busca modernizar y agilizar el sistema de protección internacional, adaptándolo a los desafíos actuales. Esta reforma pretende garantizar un acceso más rápido y efectivo a la protección, mejorar las condiciones de acogida y ofrecer vías legales y seguras que eviten las peligrosas rutas irregulares. La aprobación y puesta en marcha de esta ley será clave para dar una respuesta más humana y eficiente a las personas que buscan refugio en España.