El excomisario Villarejo / Efe

Villarejo anotó seguimientos a los investigadores del 'pequeño Nicolás' para boicotear el caso

El equipo de Asuntos Internos que desenmascaró al excomisario preso recibió vigilancia parapolicial hasta que la juez Martínez Gamo les cesó e imputó en 2017

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

La 'operación Kitchen', el espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas que comenzó en 2013 y se investiga en la Audiencia Nacional, no fue el único plan de vigilancia sin autorización judicial montado desde la anterior cúpula policial. Hubo un segundo dispositivo para obstruir la acción de la justicia, presuntamente, que no estaba dirigido contra un investigado por corrupción, sino, mucho más grave, contra un grupo de policías responsables de una investigación en marcha que alcanzaba a los propios mandos del cuerpo.

La agenda personal del excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, refleja claros indicios de los seguimientos que se hicieron al menos desde 2016 al grupo de la unidad de Asuntos Internos encargado del 'caso Nicolay' (o 'pequeño Nicolás'). El objetivo, según se desprende de estos documentos, era claro: boicotear las pesquisas, expulsar a los agentes que revelaron las actividades ilícitas y los negocios de Villarejo y, en último extremo, buscar el archivo del procedimiento.

Así se desprende de los papeles del sumario de la 'operación Tándem' ('caso Villarejo'), que instruye un juzgado de la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso este periodico. Durante los tres años que la comisión judicial comandada por el inspector Rubén López trabajó en el 'caso Nicolay', desde octubre de 2014 hasta octubre de 2017 (a partir de abril de 2015 bajo la única supervisión del juez instructor Arturo Zamarriego para evitar injerencias), los mandos policiales dirigidos por el comisario Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO), llevaron a cabouna serie de actuaciones para intimidar, presuntamente, al grupo investigador con la intención de sacar a Villarejo de la causa y controlar posibles daños mayores.

Cualquier medio era bueno para lograr este fin; desde usar como avanzadilla a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, detenido en octubre de 2014 por hacerse pasar por miembro del Gobierno para su beneficio, hasta tirar de todos los contactos en la cúpula policial íntimamente relacionados con Villarejo. También activar a «periodistas afines al objeto de crear un estado de opinión y coaccionar a los investigadores de Asuntos Internos en el desarrollo de su trabajo», según se desprende de la querella presentada por el inspector López y que la semana pasada ordenó investigar la Audiencia Provincial de Madrid tras dos años guardada en el cajón de un juzgado (este jueves comparece en calidad de investigado Eugenio Pino, el primero de los 16 investigados).

«Caña a Marcelino y a Rubén»

La figura de Villarejo, que desde hace años se había valido del anonimato y de varios alias para trabajar en la DAO sin dejar rastro, fue revelada por el 'pequeño Nicolas' tras su detención por parte del grupo de López. Hizo mención, de forma espontánea y asistida por su abogado, a Villarejo, y luego se avaló en la diligencia de entrada y registro de su domicilio al hallarse indicios documentales de su fluida relación laboral.

Un joven de 20 años con aires «melagomaniacos» acababa de aflorar los negocios del comisario e hizo saltar por los aires el 'modus operandi' construido desde los años ochenta en torno a su condición policial. Solo seis días después de caer el 'pequeño Nicolás' llegó el primer intento de anular la causa con la grabación ilícita de la reunión entre los investigadores del caso y miembros del CNI. Un asunto que fue difundido por periodistas afines a Villarejo y que está a la espera de juicio.

Ya en junio 2016, cuando la bola del caso ya era imparable, el excomisario preso escribe en su agenda una conversación con «Gago» (el inspector José Ángel Fuentes Gago, exjefe de gabinete de Eugenio Pino) muy reveladora: «Está decidido a dar caña a Marcel y a Rubén». El primero es el comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, y el segundo el referido Rubén López, inspector e instructor de la comisión judicial del 'caso Nicolay'. Un año después, el 24 de junio de 2017, recoge otra anotación: «Cafetería Sotelo. Minuto 12. Zamarriego y Rubén tomando copas». El primero es el juez del caso Arturo Zamarriego. Y el 31 de julio siguiente incluye otro apunte sobre el plan de seguimiento: «Datos de Enrique sobre control de Rubén».

En aquel verano de 2017, el último con Villarejo en libertad, la ofensiva contra el grupo investigador se había redoblado y empezaron las presiones del nuevo jefe de Asuntos Internos, Francisco Migueláñez, y las amenazas internas de cese pese al blindaje judicial, según describe la querella. Además, Zamarriego dejó el juzgado para promocionar a la Audiencia Provincial de Madrid y en su lugar llegó desde Toledo la juez Pilar Martínez Gamo. Una de sus primeras decisiones fue proponer para juicio la pieza referida a las grabaciones ilegales al CNI, en la que está acusado Villarejo.

«El tema de Nicolás está finiquitado»

Los hechos se desencadenaron y el 13 de septiembre de 2017 Villarejo escribe un mensaje revelador en su agenda tras hablar con Pedro Agudo, entonces inspector jefe de la unidad de los juzgados ordinarios de Madrid y desde enero pasado ascendido a comisario en A Coruña. «Sorprendido de mi llamada para darle las gracias por unas gestiones. Dijo que el tema Nicolás estaba finiquitado». Esta anotación se produjo dos semanas antes de que Agudo visitara a la juez Martínez Gamo para reiterar la necesidad de cesar al equipo investigador por decisión de la Dirección General de la Policía, según recoge la querella que se investiga ahora.

No obstante, la magistrada desmiente esta versión y ha asegurado a este periódico que nunca trató con Agudo la disolución de la comisión judicial. En cualquier caso, el cese se hizo efectivo poco después de que esta unidad remitiera al juzgado varios informes sobre diferentes líneas de investigación de la causa que afectaba a la cúpula policial. Posteriormente, los mandos querellados acceden supuestamente a colocar cámaras en la vía pública para vigilar el despacho que usaba el equipo de Rubén López en un edificio del centro de Madrid. Los dispositivos funcionaron del 28 de septiembre al 3 de octubre sin autorización judicial, según el inspector.

El desenlace de los acontecimientos tuvo dos hechos notables: los jefes degradaran a los agentes a puestos inferiores y la juez les imputó por retardo malicioso e infidelidad en la custodia de documentos a propuesta del fiscal Alfonso San Román. Éste alegó que el grupo tardó un tiempo considerable en remitir un informe final que les reclamó en julio sobre cuatro años de investigación. No obstante, la causa fue archivada de forma posterior. Solo un mes después de que la operación parapolicial de Villarejo, esta suerte de Kitchen II', concluyera con éxito, éste fue detenido en su casa de Madrid y su 'modus operandi' se vino literalmente abajo.