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Los exministros María Dolores Cospedal y Jorge Fernández Díaz en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros. EFE/Kote Rodrigo
El PSOE reitera en un recurso que el PP fue el «principal beneficiado» de la trama Kitchen

El PSOE reitera en un recurso que el PP fue el «principal beneficiado» de la trama Kitchen

Apela ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez García Castellón de no llevar a juicio a los populares como responsable civil a título lucrativo y pide a Interior que cuantifique el operativo de 70 agentes para espiar a Bárcenas

Mateo Balín

Madrid

Lunes, 23 de octubre 2023, 14:49

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La batalla partidista por las responsabilidades política, penal y civil de la trama Kitchen, el operativo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas pagado con fondos reservados, sigue abierta en la Audiencia Nacional. El PSOE, acusación popular en esta causa desde diciembre de 2018, ha registrado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal para que corrija la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, de no sentar en el banquillo al PP como responsable civil a título lucrativo de esta «ilícita operación de inteligencia policial».

En un escrito de ocho páginas, los socialistas reiteran que, según la investigación policial y la Fiscalía, «no cabe dudas de que el principal beneficiario» de la trama fueron los populares, debido a que la operación patrocinada por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, tenía como finalidad que el material que poseía Bárcenas «eventualmente incriminatorio» para el partido y sus dirigentes fuera requisado para que no llegara a manos del juzgado que instruía entonces el 'caso Gürtel'.

Según la acusación del PSOE, a quien el juez negó su petición de enjuiciar al PP por tratarse de una cuestión «extemporánea», la formación conservadora se pudo aprovechar del cometido de Kitchen directamente como persona jurídica o con la «finalidad de evitar el descrédito» que la imputación de sus máximos dirigentes conllevaría para el partido.

El escrito añade que el beneficio resultó evidente no solo porque el PP se ahorró los gastos de este operativo policial que obstruyó la acción de la justicia, sino que la misma actividad fue «regalada» por los principales acusados, el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, ya que se abonó en parte con dinero de los fondos reservados.

Por lo tanto, concluye el PSOE, existe una responsabilidad civil lucrativa del PP y su coste debe de cuantificarse en la vista oral. Para este fin, además de los 53.266 euros que salieron de los fondos reservados, reclama a Interior que diga cuánto valió la movilización del operativo de hasta 70 agentes, según la Fiscalía, que participaron en el seguimiento a Bárcenas, extesorero de los populares, y su familia para recuperar esta información sensible sobre la contabilidad secreta de la formación y los presuntos pagos en B a sus dirigentes.

Resolución «exótica» de García Castellón

Finalmente, recuerdan a la Sala que no es coherente que se atribuya una reclamación patrimonial al Estado por las actividades de sus funcionarios policiales procesados y se deje fuera al partido que se benefició de estas tareas supuestamente ilícitas. Esta petición va en línea con el recurso que el propio ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, remitió la pasada semana a la Sala para juzgar al PP como persona jurídica por la «indebida» decisión del juez García Castellón de evitar esta posibilidad.

«Para esta parte es absolutamente lógico que, si se supone que nuestro representado, en unión a los otros coacusados, cometió el delito para favorecer al PP y existe una posible condena civil, o incluso que la suspensión de una hipotética condena puede pasar por el pago de la responsabilidad civil, cuantos más potenciales responsables existan, mayores garantías de supervivencia tiene nuestro representado», alegó el abogado de Martínez, Juan Antonio Frago en su recurso.

El letrado consideró «exótica» la decisión del juez, conforme a la cual la acción civil habría caducado al no haber citado nadie al partido político como responsable civil hasta este momento. «Esto podría afectar, por absolutamente novedoso, a accidentes laborales en los que hay seguros y empresas causantes del delito contra los derechos de los trabajadores, delitos fiscales, contra la Seguridad Social, fraudes de subvenciones o delitos con aseguradoras detrás (muertes en residencias, accidentes de tráfico, etc.)», explicó en su escrito.

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