Tribunal de la Sala Segunda del Supremo durante el juicio del 'procés'. / EFE

El tribunal del 'procés' ha necesitado ocho meses para emitir su informe

La Sala Segunda recabó las opiniones de los fiscales, la Abogacía del Estado y de uno de los condenados

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁN Madrid

Miércoles 23 de septiembre de 2020. El ministro de Justicia dejó con la boca abierta a la entonces portavoz de Junts y hoy presidenta de la Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, al anunciar que su departamento había comenzado a tramitar los indultos para los condenados del 'procés'. Juan Carlos Campo lo anunció en el Congreso durante una sesión de control al Gobierno y pilló por sorpresa a todo el mundo.

El Tribunal Supremo se puso manos a la obra y solicitó su parecer a la Fiscalía y a la parte perjudicada, el Estado español representada por la Abogacía del Estado. El Ministerio respondió rápido, en diciembre, con un escrito firmado por sus cuatro representantes en el juicio, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Javier Moreno.

Los fiscales se opusieron a la concesión de la medida de gracia porque entendían que no existía «ninguna razón admisible en derecho» que la justifique ni había «arrepentimiento». Sostuvieron que conceder la gracia supondría privilegiar «al gobernante desleal y corrupto», y además no había «aceptación manifiesta de la responsabilidad por el delito». Tampoco apreciaban que hubiera «propósito de no reincidir». Un informe que el Gobierno consideró demoledor y que la vicepresidenta Carmen Calvo se permitió discutir, sobre todo el argumento de que el indulto no puede utilizarse «como moneda política de cambio» para la «obtención de apoyos parlamentarios».

La Abogacía se lava las manos

La Abogacía del Estado esperó a que pasaran las elecciones catalanas del 14 de febrero para emitir su dictamen el pasado 30 de marzo. No se opuso al indulto pero tampoco entró al fondo del asunto. Se lavó las manos y se limitó a reseñar que los condenados habían consignado en el Tribunal de Cuentas los 4,12 millones de euros malversados, según el Supremo, para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El Supremo, como las peticiones están firmadas por terceros, recabó después la opinión sobre el indulto de los nueve encarcelados. Ninguno contestó al oficio remitido por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, porque temían que fuera «una trampa». Solo el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, respondió, pero lo hizo en términos más moderados que su reacción inicial al conocer que el Supremo quería conocer su parecer. «¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento, ni indulto. La defensa de la democracia no admite chantajes», escribió en Twitter. Cuixart comunicó al Supremo que él no pedía nada y que «lo volvería a hacer», pero evitó aclarar si lo aceptaría.

Hasta Vox, que ejerció la acusación popular en el juicio, intentó dar su punto de vista en un escrito enviado al tribunal, pero la Sala se lo devolvió porque el partido de extrema derecha no era parte perjudicada.