El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas

En este primer juicio al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el partido, Puente acusa al exministro, a quien era su hombre para todo y al identificado como el conseguidor de la red de los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La conclusión de esta pieza, que fue el origen del entonces llamado ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional allá por febrero de 2024, no supone el fin de la instrucción sobre la trama en la que participaban Ábalos, García y De Aldama y que, supuestamente, dirigía el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, hoy en prisión.

Al margen de otros muchas posibles irregularidades, el propio Puente investiga todavía el supuesto cobro de comisiones a cambio del amaño de obra pública por parte de los exdirigentes socialistas, mientras que en el tribunal de la calle Génova el juez Ismael Moreno mantiene abierta otra causa con los sospechosos no aforados sobre diferentes amaños. Y está pendientes de su decisión si indaga también sobre los pagos opacos en metálico del PSOE a los imputados.

Cuando el juez dividió en dos su investigación en septiembre, ya adelantó que, además de las mascarillas, en esta pieza inicial que empuja ahora a juicio también incluía todo lo referido al hecho de que «Koldo García, con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro, habría desplegado su influencia para lograr que De Aldama o las empresas cuyos intereses éste favorecía pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran» de las actuaciones del «propio ministerio».

Así, en este bloque que podría ser enjuiciado en 2026 también entran la publicación de la nota de prensa avalando la financiación pública de Air Europa; las gestiones realizadas a favor de la sociedad Villafuel para que sus representantes se reunieran con responsables del Gobierno; o el encuentro de De Aldama con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a fin de «procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de De Aldama». Puente deja asimismo en esta pieza principal «la arbitraria colocación en sendas empresas públicas de, al menos, Jésica Rodríguez y Claudia Montes», las amigas del exministro de Transportes que habrían sido enchufadas en la Administración.

En su auto de procesamiento, el instructor constata la existencia de «muy consistentes indicios» de que «De Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a Ábalos y García con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos».

En su resolución, el magistrado insiste en que el todavía diputado, Koldo y De Aldama se convirtieron ellos mismos en una «organización criminal» ya que «se concertaron» casi desde el primer momento («muy poco después de tomar posesión» Ábalos como ministro de Sánchez) para «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia». Abunda Puente en la tesis de que desde el principio la idea de los tres imputados fue aprovechar la «natural influencia que proyectaba» el puesto de Ábalos para enriquecerse de manera ilícita.

Con estas premisas se repartieron los «papeles»: Ábalos, la «influencia»; De Aldama, «localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración»; y Koldo «realizar las gestiones ordinarias oportunas».

En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.