EPablo Casado, Isabel Diáz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, en la concentración contra la 'ley Celaá' en Madrid. / EFE

El PP recurrirá la 'ley Celaá' ante el Constitucional

Pablo Casado encabeza la protesta automovilística contra la reforma educativa del Gobierno en pleno centro de Madrid

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid

El Partido Popular ha vuelto a salir a las calles para protestar contra la última ley impulsada por el Gobierno, la de educación, promovida por la ministra del ramo, Isabel Celaá. Y lo ha hecho a través de una concentración automovilística que ha colapsado el Paseo de la Castellana, la principal arteria del centro de Madrid. Una manifestación -sobre ruedas- que se ha extendido por hasta 30 capitales de provincia de toda España. El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado en ese acto que recurrirán la reforma de la ley educativa ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias que consagran la libertad educativa.

Casado ha indicado que «esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. Derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa», ha señalado el dirigente popular. Lo ha hecho después de desplazarse en un automóvil por el centro de Madrid, vehículo en el que también se encontraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital y portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida.

Más allá de ese recurso ante el Constitucional, el Partido Popular se valdrá del poder autonómico que ostenta para hacer frente a la nueva ley educativa. Casado ha garantizado que en las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a «hacer todo lo posible para legislar y evitar los estragos» que plante la LOMLOE (las siglas de su denominación oficial). Los populares tienen la intención de poner es muro casi en la mitad de la población, gracias a la acción de sus presidentes en regiones como Madrid, Andalucía o Galicia, algunas de las más pobladas, pero también en Murcia y Castilla y León, donde también gobiernan, al valerse que las competencias educativas se encuentran transferidas a los ejecutivos autonómicos.

El líder popular ha dado las gracias a los padres que se manifiestan «pacíficamente» y manteniendo las medidas de seguridad y le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «escuche a las familias», para las que ha pedido «libertad».

En su opinión, la educación es «la palanca de desarrollo de una nación tan importante como España», por lo que se ha mostrado a favor de la libertad de elección de las familias, del español como lengua vehicular y ha defendido la educación concertada y la educación especial.

La caravana automovilística de este domingo ha sido convocada por la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, volverá a concentrarse este domingo en más de 30 provincias para mostrar su rechazo a la nueva ley educativa.

Bajo el lema 'Por el derecho a elegir la educación que queremos', los convocantes han llamado a la movilización con vehículos, de 11.00 a 13.00 horas, en provincias de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana. Tampoco se prevén concentraciones en Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. «Este domingo toda España se vestirá de naranja para gritar que con la LOMLOE más de 47 millones de españoles perderán libertad ¡No te resignes y sal en coche a manifestarte!», llaman los impulsores de las protestas, que se han ataviado con un lazo naranja como símbolo contrario a la 'ley Celaá'.

La movilización de este domingo se suma a las otras cuatro celebradas este mes de noviembre frente al Congreso de los Diputados y en los centros escolares, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña 'Más Plurales, Más Libres, Más Iguales' que ha puesto en marcha para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada «sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil». «Estamos ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática», critica la plataforma.