El 'procés' marca un intenso curso judicial

Pero más allá de la precaria situación del CGPJ y de la excepcionalidad de las plazas vacantes en el Tribunal Supremo, un 30%, debido a la ley de marzo de 2021 promovida por el PSOE, que impide al Consejo realizar nombramientos en la alta judicatura estando en funciones, el curso judicial tiene otros frentes. Juicios programados, instrucciones mediáticas cerca de concluir y sentencias en espera. Unos procedimientos que se han visto afectados por las huelgas de primavera de los letrados judiciales y de los funcionarios. Estos son los hitos más relevantes.

Las causas abiertas vinculadas al proceso secesionista de 2017 en Cataluña han vuelto a primera línea de la agenda política tras el resultado de las generales. La posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a ser investido como presidente pasa por la postura que adopte Junts. Sin los votos positivos del partido de Carles Puigdemont habrá repetición electoral el 14 de enero de 2024. Y en esa decisión habrá que seguir de cerca cómo se negocia la petición de amnistía general que reclama el procesado prófugo, que incluye decenas de causas y a unos 700 acusados. No obstante, el procedimiento más inmediato se dirimirá en el Tribunal de Cuentas el próximo 17 de noviembre con el juicio a 34 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Puigdemont, a quienes la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros por el desvío de dinero público para organizar el referéndum del 1-O.

Tras la sentencia del Tribunal General de la UE el pasado julio, que retiró la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y a dos de sus exconsejeros, Toni Comín y Clara Ponsatí, se está a la espera del recurso que presente su abogado. El amparo lo examinará el Tribunal de Justicia europeo en los próximos meses y se limitará a cuestiones de vulneración de derechos. En caso de desestimarse, el juez del Supremo Pablo Llarena, instructor del 'procés', tendrá vía libre para reactivar las órdenes de extradición a las autoridades belgas contra los procesados por presunta malversación agravada y desobediencia.

El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los indultos a los nueve condenados a penas de prisión por el 'procés, en lo que será el último filtro judicial a la medida de gracia aprobada por el Gobierno de Sánchez en junio de 2021. Será el pleno de la Sala de lo Contencioso el que decidirá qué suerte corren los recursos de PP, Vox y Cs contra esos indultos, después de que en mayo de 2022 la Sección Quinta de lo Contencioso rectificara –meses atrás no había reconocido a las tres formaciones un interés directo que avalara su legitimación para impugnarlos– y acordara tramitarlos para no dejar un «ámbito inmune al control jurisdiccional, por estrecho que sea este».

La demanda civil por presunto acoso y daño moral que Corinna Larsen interpuso en diciembre de 2020 contra el rey emérito no conocerá previsiblemente hasta septiembre el resultado de las últimas alegaciones ante el Tribunal Superior de Londres. El proceso civil se halla aún en una fase inicial, en la que deben dilucidarse cuestiones preliminares que definirán la celebración o no del juicio. Una vez aclarada la cuestión de la inmunidad de Juan Carlos I, que la justicia británica ha reconocido para todas aquellas actuaciones que hubiera realizado cuando aún era jefe de Estado, antes de su abdicación el 19 de junio de 2014, el nuevo equipo jurídico del demandado (el tercero) ha reclamado a la jueza que se pronuncie sobre una batería de alegaciones destinadas a tumbar el caso antes de que comience a ser considerado. Pone en duda la coherencia de los hechos denunciados –Larsen ha tenido que cambiar parte de su demanda– y de que estos episodios encajen en la definición de acoso según la ley británica. La demandante reclama al emérito 146 millones de euros por los supuestos daños psicológicos sufridos por su examante, aunque se trate de un cálculo arbitrario.

El último juicio de la trama valenciana del 'caso Gürtel' se reanuda en la Audiencia Nacional este 19 de septiembre, pese a que su final estaba previsto para el pasado 23 de mayo. Incidencias en el proceso y la huelga judicial lastró el desarrollo de la vista oral, que sienta en el banquillo el expresidente de la Generalitat Francisco Camps (le piden dos años y medio de prisión por presunto fraude), tres exconsellers y 22 personas más, entre ellos los cabecillas de la 'trama Gürtel' y técnicos y ex altos cargos de la Generalitat. Once de los 26 acusados reconocieron los hechos, pero el resto negó cualquier trato de favor a la trama y su sucursal valenciana, la empresa Orange Market. El juicio continuará con los interrogatorios a los peritos y policías que participaron en la investigación. La sentencia no se va a dictar como mínimo hasta finales de año.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo fue condenado a finales de julio a 19 años de prisión en la primera de las piezas juzgadas por la Audiencia Nacional en el marco de la 'operación Tándem'. En libertad provisional, Villarejo fue castigado por delitos de revelación de secretos y falsedad documental, pero absuelto por cohecho, el más grave de todos. Esta macrocausa llegó a tener 47 piezas separadas, 27 se encuentran en instrucción, seis están ya pendientes de que se señale la fecha del juicio y en otras tres se ha dictado ya auto de procesamiento. Cerca de llegar al final, por ejemplo, está la investigación sobre la tarjeta del móvil robado a la que fue asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham. Y muy avanzadas, aunque aún queda para que se dicte el auto de procesamiento, están también las pesquisas sobre los contratos con el BBVA e Ibedrola –desinflada ya sin directivos ni primeros espadas– y las maniobras para frenar la extradición de unos navieros a Guatemala.

Cuenta atrás para deliberar las primeras sentencias firmes contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Ocho años después de su detención, el Tribunal Supremo se reunirá en otoño para analizar el primero de los cuatro recursos ante las otras tantas condenas contra el 'pequeño Nicolás', que suman en total doce años y cuatro meses de cárcel. La primera causa que verá la Sala de lo Penal se refiere a la sentencia de la Audiencia de Madrid que le impiuso un año y nueve meses de cárcel por falsificar un DNI para que un amigo hiciera la selectividad. Las otras tres se refieren a un viaje a la localidad gallega de Ribadeo en el que se hizo pasar por miembro del Gobierno para engañar el presidente de Alsa, el fraude a otro empresario y su implicación en una trama con policías y un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid para obtener datos reservados y hacerse pasar por un alto cargo.