Cuca Gamarra, durante una intervención en el Congreso. / EFE

Gamarra advierte al Gobierno que renovar el CGPJ será «complicado» tras los indultos

La portavoz parlamentaria del PP asegura que su partido no se siente aludido por el mensaje de los obispos porque lo suyo no es «inmovilismo», sino «convicción»

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

La concesión de los indultos a los condenados por el 'procés' esta semana ha abierto una brecha aún mayor entre el Partido Popular y el PSOE. Si en marzo los contactos entre ambos partidos estuvieron a punto de propiciar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde 2018, ahora los populares creen que será «muy complicado. Así lo ha expresado este sábado su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, que cree con la medida de gracia el Gobierno ha cruzado »una línea roja«.

La portavoz de los populares ha admitido en una entrevista en RNE que la relación entre las dos formaciones «está muy deteriorada», lo que dificulta, además de un posible pacto para el CGPJ, el de otras instituciones que siguen pendientes de renovación, como el Tribunal Constitucional.

Preguntada si en su partido se sienten aludidos cuando la Conferencia Episcopal dice que hay que apostar por el diálogo y abandonar actitudes inmovilistas, Gamarra contesta que «no», porque lo del PP «no es inmovilismo», sino «convicción».

«Tenemos un compromiso con los españoles y nos debemos a ellos. Estamos convencidos de que hay que cumplir las leyes y las resoluciones judiciales, máxime cuando no hay arrepentimiento y ellos siguen en las mismas posiciones, pidiendo la amnistía y un referéndum pactado. La defensa de nuestra posición no es inmovilismo, es convicción», ha apostillado.

Según ha explicado, el PP recurrirá los indultos «como parte perjudicada». «La sociedad española es la perjudicada de esas decisiones y el PP también lo es», ha indicado, convencida de que están legitimados para impugnar la aplicación de la medida de gracia.

«Además, tenemos la obligación moral con nuestros votantes», ha añadido, incidiendo en que, desde su punto de vista, no existen «razones de justicia, equidad ni utilidad pública» para la concesión de unos indultos que cuentan con la oposición de la «mayoría de los españoles, la Fiscalía, el tribunal sentenciador y una parte importante de los representantes del Parlamento».