El PP ficha a Albert Rivera para recurrir la ley catalana de alquileres

Dicha ley, de la que tomará algunos elementos a otra similar que ya prepara el Ministerio de Transportes y que ha sido clave en la negociación de los Presupuestos de 2021, obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con «tensión» residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes. Si bien es cierto que quedarán exentos los arrendadores «vulnerables», y que considera como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

Para su aprobación, hicieron falta en el Parlamento de Cataluña los votos a favor de JxCat, Esquerra Republicana, los comunes y la CUP, que impulsaron la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat, mientras que el PSC-Units y PPC la rechazaron tajantemente, al considerar que esta era una ley «electoralista» e «inconstitucional», como definieron después de que un organismo consultivo catalán advirtiera de que contenía varios artículos que «vulneran competencias estatales».

El recurso aún no se ha presentado, ya que el plazo no finalizará hasta finales de noviembre. Pero el bufete Martínez-Echevarría & Rivera Abogados adelantó en un comunicado que este correrá a cargo del departamento de Derecho Público, liderado por el abogado del Estado en excedencia Juan José Zabala.

La firma considera que la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña contraviene preceptos legales fundamentales recogidos en la Constitución. También alude a que el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat emitió un informe sobre el borrador de la norma y consideró que excedía de las competencias atribuidas al Parlamento autonómico conforme a la Constitución y el Estatuto.

En la estrategia que prepara el despacho del exlíder de Ciudadanos también se insiste en que la ley «ha suscitado preocupación entre los diferentes actores del sector inmobiliario», ya que, en su opinión, interviene el mercado, «coartando la libertad de propietarios e inquilinos para fijar los precios de las rentas de alquiler». Un argumento en el que también podría basar sus críticas el PP cuando el Gobierno presente su propuesta de regular los alquileres en el Congreso.