Òmnium Cultural fija en 1.400 los independentistas que se beneficiarían de la amnistía

Las cuentas de la plataforma nacionalista, que el negociador de Sumar, Jaume Asens, ya ha dicho que pueden ser una referencia para las negociaciones, arrojan que hay 113 personas del ámbito del movimiento soberanista que han sido condenadas penalmente, 17 están pendientes de sentencia, 387 tienen una causa penal abierta, 880 han sido sancionadas administrativamente y 35 están pendientes de la resolución del Tribunal de Cuentas.

Òmnium habla de 4.400 represaliados, pero considera que «al menos» 1.432 deben ser amnistiadas, por haber sido condenadas, juzgadas o investigadas en relación a la cuestión catalana. «Sólo una ley de amnistía puede reconocer que los hechos por los que el Estado les criminaliza no son delito alguno», ha asegurado Antich. Esta es, por tanto, la posición de mínimos para el independentismo para negociar una ley de amnistía. Estas conversaciones, no obstante, las llevan ERC y Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

El presidente de Òmnium ha emplazado a los dos partidos nacionalistas catalanes a que se coordinen en la negociación. «Las 1.432 personas a las que afectaría la amnistía necesitan una negociación seria con el estado y los partidos políticos deben demostrarnos que pueden negociar de forma coordinada», ha asegurado en su discurso, ante la atenta mirada de Aragonès y de los grupos políticos. »Si hay coincidencia estratégica, que la hay«, ha dicho Antich, »no puede que la diversidad táctica imposibilite trabajar juntos para lograrlo«, ha rematado. Toque de atención de Òmnium Cultural a las dos principales formaciones secesionistas, que han llevado su pugna por la hegemonía en el soberanismo también al marco de la negociación con los socialistas.

Antich ha recordado que «la amnistía sólo es el primer paso, porque el objetivo es la autodeterminación» y ha recordado que «sin la movilización permanente de la ciudadanía y la articulación organizada de la fuerza de la gente, no hay posibilidad de alcanzar ningún objetivo político colectivo». «Esto no va de investidura ni de legislatura; esto va de un conflicto político y de forzar al estado a abordarlo democráticamente», ha proclamado. «Los partidos políticos tienen la responsabilidad de canalizar políticamente los grandes consensos de la ciudadanía de Cataluña que se expresan en la amnistía y la autodeterminación», ha rematado.