De Nevenka a Errejón, el foco pasa de la víctima al presunto agresor

Entre ambos escándalos y a lo largo de dos décadas, la lista de dirigentes políticos implicados en casos de violencia machista ha salpicado a todo el espectro político. Desde Pedro Muñoz, exconcejal de Coalición por El Bierzo también en Ponferrada, condenado por intentar asesinar a su expareja; Ángel Hernández, el exprocurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León; Javier Liso, edil de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, Juan Carlos Fernández, concejal del PP de Ribadavia (Ourense) hasta Carlos Flores, que hoy se sienta en un escaño del Congreso de los Diputados tras haber sido candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana en 2023 después de haber sido condenado en 2002 por un delito de maltrato psicológico contra su exmujer.

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Errejón es el primer dirigente de izquierdas en abandonar su cargo por una denuncia anónima de violencia sexual a la que después pusieron nombre con sus denuncias la actriz Elisa Mouliáa y la tertuliana Aída Nízar. Aunque las muestras de indignación por estos hechos no se han trasladado a la calle y aún es pronto para conocer el recorrido judicial de la causa, la repulsa unánime recoge el testigo -salvando las distancias- con la que se produjo en 2018 tras la primera sentencia contra los miembros de 'La Manada'.

La tormenta social y política que desató el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra se tradujo en movilizaciones masivas que por primera vez interpelaron directamente a la justicia, una respuesta unánime de los partidos. El PP se abrió, en el ocaso del mandato de Mariano Rajoy, a promover una reforma del Código Penal a raíz de la sentencia y se puso en marcha la maquinaria legislativa que cristalizaría cuatro años después en la ley del 'solo sí es sí'. Una norma que tuvo que ser enmendada tras la sucesión de rebajas de condenas a agresores sexuales y que provocó un cisma en el Gobierno de coalición de la anterior legislatura.

Que uno de los rostros más representativos de la izquierda y portador de la bandera feminista haya sido desenmascarado ha derivado en un ajuste de cuentas entre los partidos a la izquierda del PSOE y un filón para la oposición del Ejecutivo, que no ven suficiente que las responsabilidades políticas por el caso se limiten a la del propio Errejón y el cese de su antigua colaboradora Loreto Arenillas. Podemos, PP y Vox, en boca del propio Flores, apuntan directamente a la vicepresidenta segunda y líder 'de facto' de Sumar, Yolanda Díaz, por «tapar» el caso, mientras que en la coalición se afanan ahora en achicar agua e intentar una recomposición que, como nadie oculta, «será lenta y dura».