La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles. / EFE

El Gobierno choca con PP y Supremo por las euroórdenes contra Puigdemont

El Ministerio de Justicia avala la postura de la Abogacía del Estado de paralizarlas y Casado exige a Sánchez que respalde al alto tribunal

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁN Madrid

El Gobierno salió este viernes en defensa de la Abogacía del Estado en su polémica con el Tribunal Supremo a propósito de la paralización de las euroórdenes de busca y captura de Carles Puigdemont. El Ministerio de Justicia avaló la posición de los servicios jurídicos de que las reclamaciones dictadas por el magistrado Pablo Llarena están congeladas porque esa es «la doctrina» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando está sobre la mesa una cuestión prejudicial, que es lo que ocurre en este caso.

La ministra Pilar Llop considera que la Abogacía del Estado ha actuado con «pulcritud y respeto» hacia la justicia comunitaria, que ha establecido que mientras exista una consulta al tribunal con sede en Luxemburgo «se debe paralizar el procedimiento». Llarena se dirigió al tribunal europeo al entender que Bélgica hace una interpretación incorrecta de la directiva que regula las euroórdenes al negar la extradición a España del expresidente de la Generalitat. El magistrado del Supremo acepta ese principio pero limitado al ámbito belga. La Abogacía entiende que la paralización es aplicable a todo el territorio de la UE y así lo comunicó al tribunal.

El instructor de la causa de Puigdemont sugiere en el escrito que envió el jueves al Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, que los servicios jurídicos de España, que dependen del Gobierno -detalle que recuerda Llarena- habrían actuado a sus espaldas y a sabiendas de que la suspensión no era cierta. «Esta situación (la vigencia de las euroórdenes de busca y captura) no sería desconocida para la Abogacía del Estado» porque «es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo», reprocha el magistrado.

«Detrás» del Supremo

Llop niega que se haya producido una deslealtad y afirmó que los servicios jurídicos de España se limitaron a «reproducir la doctrina reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» sin ninguna otra intención. De ninguna manera, afirman en el Gobierno, se buscaba mejorar la situación procesal de Puigdemont porque el presidente ha repetido hasta la saciedad que tiene que ser juzgado en España «como cualquier ciudadano».

El líder del PP se había mantenido al margen de la polémica, pero este viernes, desde la convención nacional de su partido, entró en el debate, y lo hizo con una exigencia al presidente del Gobierno para que «haga todo lo posible para que la Justicia española sea respetada en Europa». Pablo Casado reclamó a Pedro Sánchez que «haga todo lo posible para traer de vuelta a Puigdemont (...) Tiene que volver y ser juzgado». Según el jefe de la oposición, «cuando un juez del Supremo está diciendo que prevalezca» su decisión «el Gobierno tiene que ir detrás» con independencia del criterio que adopte la Abogacía del Estado.

La ministra de Justicia se limitó a señalar que el Supremo, a través de Llarena, «se ha pronunciado y se lo ha hecho saber a la jueza italiana, que ahora también tiene que dar opinión». El Gobierno, añadió, recibirá con «absoluto respeto» lo que decidan los tribunales.

Fuentes gubernamentales no quisieron adelantar qué esperan del tribunal de Sassari, que tomará declaración este lunes al expresidente catalán, pero admitieron que sería extraño que actuara de forma distinta a como lo hizo la semana pasada, cuando dejó en libertad a Puigdemont sin medidas cautelares.

Una impresión que comparten en el entorno del expresidente de la Generalitat. Dirigentes de Junts aseguraron que «el presidente legítimo» de Cataluña acudirá a declarar a Cerdeña con la convicción de que las demandas del magistrado Llarena serán desoídas. La justicia española, añadieron, volverá «a hacer el ridículo», frase que empleó el propio Puigdemont cuando quedó en libertad el pasado 24 de septiembre.