Una mujer graba a un grupo de antidisturbios durante una protesta en Pamplona. / J. diges / EFE

La ley mordaza cumple siete años con Sánchez y sus socios enmarañados en su derogación

El líder socialista prometió en 2018 fulminarla, pero cada vez se hace más difícil que la reforma salga esta legislatura

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid

En el Congreso ya nadie da por seguro que la reforma de la ley mordaza vaya a salir adelante en esta legislatura a pesar de que desde las elecciones generales de diciembre de 2015, sobre el papel, ha venido existiendo una mayoría parlamentaria favorable a derogar la norma de Seguridad Ciudadana. La ley mordaza, mil veces desahuciada desde su nacimiento, este 1 de julio ha cumplido siete años en vigor con una mala salud de hierro.

En las hemerotecas queda la promesa solemne en 2018 de Pedro Sánchez en la moción de censura de fulminar de forma inmediata esta ley orgánica aprobada con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que fue recurrida incluso por los socialistas ante el Tribunal Constitucional antes de que entrara en vigor.

La polémica normativa sigue sobreviviendo gracias al oxígeno que le insuflan el Gobierno y sus socios, enfrascados desde enero de 2020 en discusiones interminables sobre borradores en ponencia, sin siquiera haber tratado la cuestión en comisión.

FECHAS CLAVE:

  • 11/12/2014 El PP aprueba en el Congreso en solitario y con su mayoría absoluta la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que sustituye a la de 1992.

  • 20/05/2015 El PSOE recurre ante el Constitucional la ley mordaza y las expulsiones en caliente.

  • 1/7/2015 Entra en vigor la ley de Seguridad Ciudadana.

  • 20/12/ 2015 Las elecciones generales arrojan por primera vez un mayoría parlametaria favorable a derogar la norma.

  • 31/5/2018 Sánchez sitúa el reforma de la ley entre los objetivos principales de su Gobierno en su discurso de la moción de censura contra Rajoy.

  • 19/10/2020 El Constitucional avala la práctica totalidad de la polémica ley.

No hay avances sustanciales en las cuestiones de enjundia, confiesan con pudor algunos de los miembros de la ponencia. Hay solo esbozos sobre algunos de los nuevos artículos, los que desde el principio no generaron polémica entre las fuerzas pro-reforma. En los cambios de calado, sin embargo, las discusiones apenas han avanzado a pesar de que los trabajos para explorar la reforma, en realidad, empezaron hace cuatro años y medio, todavía con el PP en el poder, con sendos textos alternativos presentados por el PNV y el PSOE.

Tras dos elecciones generales y una legislatura fallida, ahora el punto de partida es el texto de enmiendas que socialistas y Unidas Podemos presentaron en noviembre del pasado año. Pero desde entonces, los avances son mínimos y eso que se suceden intermitentemente las «reuniones preparatorias» de los seis grupos favorables a la reforma –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts– para intentar presentar un articulado al resto de los partidos.

El Gobierno y sus socios siguen aplazando los artículos más polémicos una y otra vez para el final de la negociación. En esa carpeta de cuestiones espinosas hay ya media docena de artículos claves, en los que no se vislumbra acuerdo. Incluso, en algunas ocasiones no hay siquiera consenso entre los dos partidos del Ejecutivo, a pesar de que el texto sobre el que se discute es el pactado por ellos mismos.

«Oposición corporal»

Así las cosas, no hay acuerdo suficiente sobre una nueva definición de qué debe ser desobediencia a la policía. La mayoría de los pro-reforma apuestan por castigarla solo si hay «oposición corporal o fuerza física». Sin embargo, ERC, cuyos 13 diputados son imprescindibles para lograr los 176 votos que necesita la reforma de esta ley orgánica, directamente quiere suprimir este artículo 36.6, que sirvió en pandemia para sancionar a más de un millón de personas.

El uso de las pelotas de gomas es otro de los puntos aparcados por el desacuerdo. ERC y Bildu son firmes defensores de prohibirlas mientras que los socialistas se inclinan por apostar por los medios menos lesivos posibles aunque sin vetar las bolas de caucho.

Tampoco hay entendimiento entre los partidos del Ejecutivo y sus socios en las multas por faltas de respeto a los policías. Los socialistas no querían tocar la redacción actual, pero han accedido a incluir que solo se sancionaría por actos y expresiones humillantes y ofensivas contra los uniformados. Pero el debate sobre qué es «humillante» y qué es «ofensivos» se ha convertido en bizantino, admite responsables parlamentarios.

'Expulsiones en caliente'

Otro punto de fricción son las 'expulsiones en caliente', que el PP introdujo con calzador en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para dar un barniz jurídico a esta práctica. Los socialistas, después de que el Constitucional bendijera estas deportaciones exprés, quieren sacarlas para introducirlas en la ley de extranjería, mientras que sus socios pretenden que desaparezcan de cualquier texto normativo.

El PSOE no ve con buenos ojos la supresión de la presunción de veracidad de las declaraciones de los agentes que piden sus aliados de investidura y que ha soliviantado a los policías, que el pasado otoño se movilizaron por miles en contra de la ley de mordaza, entre otro asuntos, por esta modificación.

Otro de los campos de batalla en los que se discute sin acuerdo es la exigencia de los socios de que se endurezcan las condiciones en las que los agentes puedan realizar identificaciones policiales en la vía pública. Insisten en que la reforma debe exigir que los funcionarios deban probar antes de pedir el DNI que haya «constancia» de un delito o, al menos, «claros indicios» de la comisión de ese ilícito. Las enmiendas que se discuten quieren poner coto a las «identificaciones arbitrarias», particularmente por motivos raciales.

A enrarecer aún más el ambiente se sumó la pasada primavera un texto de ERC con once líneas rojas que les impedirían votar a favor de la reforma. Un órdago que irritó al resto de formaciones de Gobierno y aliadas, que culpan a Esquerra de abocar las negociaciones a un callejón sin salida por sus exigencias de 'máximos'.

Los minoritarios quieren menos faltas para multar menosL

Los socios minoritarios del Gobierno, a pesar de las reticencias del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, han emprendido una cruzada desde hace meses para convencer a los socialistas de que muchas de las faltas tipificadas ahora como leves y castigadas con hasta 600 euros dejen de serlo.

Se trata de ilícitos tales como la ocupación de inmuebles; no llevar encima el DNI; la negativa a enseñar la documentación; el escalamiento de edificios o monumentos; la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; o el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Unidas Podemos ve con buenos ojos esta desregulación, pero en el PSOEse oponen a dejar sin castigo ecónomico estas conductas. «Esas multas menores, disuaden», arguyen.