ERC sigue desescalando la tensión con el Gobierno pero mantiene las exigencias

En la gestión de la crisis del espionaje, en ERC ha habido un reparto de papeles. Junqueras está interpretando el rol más conciliador con el Ejecutivo, mientras que Pere Aragonès se está mostrando más contundente, también porque tiene que hacer un equilibrio con la posición de Junts en el Govern, que le pide romper del todo con Sánchez y que entierre para siempre la mesa de diálogo. Fuentes del Govern solo admiten diferencias de «matiz» entre Junqueras y Aragonès.

No obstante, el presidente de ERC fue quien días atrás afirmó en el diario 'El País', en plena escalada verbal por el espionaje, que su partido «está aquí para ayudar», en un mensaje dirigido directamente a la Moncloa y quien este viernes aseguró que los republicanos están «encantados de entenderse con todo mundo», que tienen «voluntad» de llegar a acuerdos con «todo el mundo», que abogan por las «alianzas flexibles» y que asumen «con orgullo ser útiles» para la ciudadanía. Esquerra mantiene la mano tendida, pero «nadie puede dar la crisis por resuelta y matizada», según advirtió el presidente de la Generalitat el miércoles en la sesión de control del Parlament.

Las relaciones entre ambos ejecutivos siguen congeladas -no rotas- y ERC continúa lanzando avisos al Gobierno y poniendo en riesgo la estabilidad de la legislatra. El primero fue votando en contra de las medidas anticrisis como consecuencia de la guerra y más tarde desmarcándose el jueves pasado de la reforma de la ley de seguridad nacional. El Ejecutivo central tuvo que buscarse socios alternativos a los republicanos porque tal y como afirmó este viernes Junqueras, en una conferencia organizada por 'Fórum Europa, Tribuna Catalunya', ERC es el «socio preferente de la sociedad catalana», no de Sánchez, y que se debe en «exclusiva» a la ciudadanía catalana.

Para que las relaciones entre la administración central y la catalana vuelvan a su cauce anterior al estallido de la crisis del espionaje, Junqueras insistió en exigir al Gobierno las tres peticiones que ha puesto su partido sobre la mesa desde hace días y aquí no hay diferencias entre unos y otros dirigentes: transparencia, asunción de responsabilidades y garantías de que los dirigentes independentistas no serán espiados en el futuro.

En el independentismo valoran el cese de la directora del CNI, pero también lo consideran insuficiente porque advierten de que Paz Esteban ha sido destituida por los fallos en la seguridad que han afectado al móvil del presidente del Gobierno y al de la ministra de Defensa, pero no por el espionaje a una veintena de secesionistas que, como ha trascendido, tenía autorización judicial.

Por ello, el independentismo pide que se desclasifiquen las resoluciones judiciales para saber los motivos por los que fueron intervenidos sus teléfonos y para saber quién lo ordenó. Al respecto, el Gobierno dijo que accederá a la desclasificación solo si se lo pida un juez. Sobre la posibilidad de que Aragonès dirigiera en 2019 los CDR o estuviera detrás de Tsunami Democrático, en su entorno se lo toman a broma. Tras la transparencia, Junqueras dijo que deben llegar las responsabilidades, sin poner el foco en nadie y atribuyendo el caso en genérico a una «parte del Estado» o a «aparatos del Estado», a diferencia de Gabriel Rufián que sí señaló a Margarita Robles. Aragonès y también una moción de ERC que el jueves aprobó el pleno del Parlament junto a Junts y la CUP piden la dimisión de la ministra de Defensa, pero «sobre todo» por las declaraciones en las que a criterio de los republicanos justificó el espionaje a los independentistas.

ERC mantendrá la presión al menos hasta la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Hace una semana pudieron intercambiar pareceres en Barcelona, en las jornadas del Círculo de Economía, donde se emplazaron a cerrar un encuentro para reconducir la situación. La Moncloa afirmó este viernes que la reunión tendrá lugar con «absoluta normalidad» y que ambos gabinetes trabajan para encontrar una fecha. «Cuando las agendas lo permitan», aseguró la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.