El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, a las puertas del antiguo edificio de la Audiencia Provincial de A Coruña,. / Efe

El juicio de Meirás examina el pago de los gastos del pazo

Un historiador declara que no se han encontrado documentos de que la familia Franco abonara seguros o impuestos

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

El juicio por la propiedad del Pazo de Meirás, en A Coruña, llegó este miércoles a su punto culminante con el examen del pago de los gastos que genera la finca. Una cuestión clave para dirimir la pertenencia del inmueble a la familia Franco o, por el contrario, para demostrar que hubo una apropiación del mismo tras la Guerra Civil.

Emilio Grandío, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela, ha asegurado este miércoles que la comisión de expertos no ha «encontrado nada» que contradiga que los gastos los asumía el Estado, si bien ha matizado que no ha podido trabajar «con constancia absoluta y total» de la información sobre este inmueble.

Grandío ha declarado como testigo, a instancias de la parte demandante y a preguntas del letrado de la Xunta de Galicia, que si hubiera archivos que demostraran lo contrario, que los gastos los asumía Franco, «lo más lógico es que hubieran aparecido» porque «la otra carga documental de prueba es brutal».

Así, ha detallado que los gastos de Meirás se repartían entre distintas instituciones, como la Diputación y Ayuntamiento de A Coruña, y la Casa Civil durante todo el año desde 1938 a 1975 cuando fallece Franco, y después continúa esta situación «por inercia» pues supone que «la tendencia es que el pazo fue mantenido públicamente».

A preguntas del abogado de los herederos de Franco, el testigo ha reconocido que no tiene constancia de ello, a excepción de la existencia de un guarda hortelano. No obstante, el profesor ha reconocido que no han investigado quién pagaba el IBI de Meirás, «no nos ha salido», ha dicho; tampoco sabe quién pagaba el seguro del inmueble, ni si lo había, ni quién hacía suyos los rendimientos de las explotaciones agroganaderas, si el Estado o Franco, ni si se tributaba por ellos y quién lo hacía.

Sí le consta que Franco compra en mayo de 1941 en escritura pública ante notario el pazo, que posteriormente se inscribió en el registro a su favor, por lo que entiende, sobre si el bien era del Estado o de Franco, que «la confusión entre lo personal y el Estado era absoluta». Este documento presuntamente simulado es la principal prueba de la Abogacía del Estado para probar que el dictador se apropió del inmueble.