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El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (c), rodeado de periodistas, a su salida de la madrileña carcel de Soto del Real, en 2017. efe
El juez sienta en el banquillo a Ignacio González por adjudicaciones irregulares

El juez sienta en el banquillo a Ignacio González por adjudicaciones irregulares

Estas contrataciones realizadas por el expresidente de la Comuidad de Madrid estarían asociadas al campo de golf del Canal de Isabel II

Viernes, 6 de agosto 2021, 15:53

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sentará en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras cuatro personas por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados, en concreto, a un campo de golf.

González, que estuvo al frente de dicha comunidad entre septiembre de 2012 y junio de 2015, será juzgado por delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas, según recoge el auto dictado este viernes y que pone fin a la pieza número dos del caso 'Lezo'.

Además de al expresidente madrileño, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 manda a juicio al director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como a los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier, estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, de Ignacio González. Si bien estos dos últimos lo hacían de manera en cubierta para ocultar sus vínculos familiares, señala el instructor.

Asegurar concursos

El auto relata cómo en el año 2006 los acusados, valiéndose de los cargos públicos de máximo nivel que ostentaban en el ente público Canal de Isabel II, «dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo».

El magistrado no ahorra calificativos y tilda dicha contratación de «innecesaria e irregular». Esta supuso para TCT, que según el escrito carecía de todo medio para ejecutar los trabajos contratados, un beneficio total de 504.780 euros –381.029 en el primero caso y 123.751 en el segundo–. «Fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones», concluye.

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