Peinado pide al Supremo imputar a Bolaños por mentir en el 'caso Begoña Gómez'

En una exposición motivada de 32 páginas, reclama al tribunal competente para investigar a los aforados nacionales, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que abra una causa a Félix Bolaños por los delitos de falso testimonio y malversación de caudales públicos por la contratación en junio de 2018 en los servicios de Moncloa de la asesora de la mujer de Pedro Sánchez, Cristina Álvarez. La persona que luego acabó trabajando para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez, entre otros cometidos .

En su escrito, Peinado afirma que su investigación ya ha acreditado que Cristina Álvarez fue nombrada como personal eventual, con funciones de directora de Programas, «para asistencia a la esposa del presidente del Gobierno», habiendo realizado «funciones de atención» a Begoña Gómez «de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario que pudiera tener por su condición de esposa del presidente del Gobierno». Y todo ello, añade, «percibiendo retribuciones con cargo al patrimonio público». Ello pese a que la propia afectada declaró ante el juez que su cometido fue dirigir la agenda pública y privada de Gómez.

El nombre de Álvarez saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntados a la causa por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En esos correos electrónicos se evidenciaba que Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021, a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra privada. Es decir, después de que Bolaños saliera de Presidencia, donde ejerció como secretario general entre junio de 2018 y julio de 2021, antes de ser nombrado ministro. Además de las tareas de gestión del proyecto educativo, Álvarez habría sido encargada de buscar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras o de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid por encargo de la mujer de Sánchez.

El pasado 16 de abril, durante un tenso interrogatorio en el complejo de Moncloa, Bolaños se desvinculó por completo de la contratación de Álvarez y afirmó que la persona encargada de este trámite fue Raúl Díaz, integrante del órgano administrativo de la secretaría general de Presidencia. Pero éste, en su declaración también como testigo, declaró desconocer esta circunstancia tras comparecer en dos ocasiones ante Peinado, quien le reprochó su amnesia y le preguntó por el papel de otro de los investigados en esta causa, el actual delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín, quien fuera número dos de la Secretaría General de Presidencia en el momento de los hechos.

El desconocimiento mostrado por Díaz y la testifical de Bolaños entran en contradicción, según Peinado, quien ha optado ahora por ver indicios contra el ministro por falso testimonio. «Su testimonio, en una actitud totalmente proterva (sinónimo de perversa u obstinado a la maldad), no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado como un falso testimonio», recoge la exposición razonada.

El escrito añade que el ministro ha podido participar «directamente» en el nombramiento de la asesora como personal eventual «y ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo por la misma, percibiendo sus retribuciones de una partida de los presupuestos generales». «Ha omitido con reticencias maliciosas las correctas contestaciones, que responde a una verdad que conocía, cuando se le han hecho preguntas como testigo y bajo juramento», resume Peinado para actuar contra Bolaños.

Durante el interrogatorio en un despacho oficial, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes defendió que él -en su papel como secretario de Presidencia en 2018 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión- no podía estar encima del centenar de personas que entraron como eventuales en Moncloa tras la moción de censura en sustitución del personal que trabajaba para Mariano Rajoy.

Según Bolaños, en la época en que Álvarez entró en plantilla de Moncloa como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno fueron fichados en Presidencia otro centenar largo de cargos temporales de confianza, por lo que él no siguió en persona ese macro-proceso de selección. Y, en cualquier caso, dijo no recordar los detalles de la gran mayoría de aquellas contrataciones y los perfiles de los seleccionados. Además, insistió, nunca fue ni el responsable directo de esa asistente ni su jefe. Es más, afirmó que solo conoció a Álvarez «semanas después» de ser contratada.

Esas explicaciones no convencieron ya entonces al instructor, con el que el ministro mantuvo varios rifirrafes, incluido el momento en el que el juez ordenó a Bolaños salir del despacho e ir a buscar documentación sobre el fichaje de Álvarez, ante los que el juez consideró como evasivas.

Peinado, en su momento, ya había abierto una pieza separada sobre la contratación de Álvarez dentro de su investigación sobre la carrera profesional de Begoña Gómez, una maniobra, que mucho interpretaron acertadamente, que iba a servir llegado el caso, para remitir esta parte concreta al Supremo ante la posible implicación de aforados en un hipotético delito de malversación, como al final ha sido el caso del propio Bolaños.