Los dirigentes independentistas excarcelados expresaron que mantienen sus convicciones intactas tras tres años y medio en prisión. / EFE

Los indultados regresan a la primera línea tras salir de la cárcel

Junqueras es presidente de ERC y Sànchez y Turull, secretario general y vicepresidente de Junts, respectivamente

CRISTIAN REINO Barcelona

La salida de prisión de los nueve dirigentes independentistas tendrá consecuencias en el propio movimiento secesionista. Todos ellos siguen inhabilitados, a pesar de los indultos, por lo que no podrán hacer política institucional durante años (hasta 2031 en el caso de Junqueras). No podrán ser presidentes, consejeros, diputados o alcaldes. Pero algunos de ellos estarán ya la próxima semana en la primerísima línea del movimiento independentista, donde se toman las decisiones. Las dos figuras con más galones serán Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, mientras que hay otros, como Joaquim Forn, Carme Forcadell o Dolors Bassa que ya han expresado su voluntad de apartarse de la vida política.

Junqueras es presidente de ERC y recupera el control absoluto del partido. Lo dirigía desde prisión, pero delegaba muchas funciones y otras las realizaba con intermediarios. La formación republicana se ha volcado en la presidencia de Pere Aragonès y los dirigentes de más peso del partido han pasado a ocupar cargos en el ejecutivo. Esquerra se prepara de manera interna para conformar una especie de bicefalia, como la que funciona en el País Vasco con el PNV y el lehendakari desde hace años. Junqueras hará de Arzallus. Como hombre fuerte de la formación definirá la estrategia política, mientras que Aragonès lidera el gobierno. Está por ver si esta fórmula acaba cuajando, porque desde Junts ya acusan al líder de ERC de querer tutelar a Aragonès. Eso sí, ambos comparten la estrategia pragmática puesta en marcha por los republicanos. Junqueras regresa y como aviso de ello incluso no ha descartado en las últimas semanas formar parte de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán. Raül Romeva es vicesecretario general de ERC y también ha mostrado su intención de seguir haciendo política. Estará a la sombra del presidente del partido.

Jordi Sànchez, mientras, es secretario general de Junts y en los últimos meses ha aumentado su poder en el partido y fue él quien lideró las negociaciones para formar gobierno con ERC. Sectores de su partido le acusaron de hecho de acaparar demasiado protagonismo, lo que puede aumentar ahora que ha recobrado la libertad y que podrá estar en el día a día, in situ, en la sede del partido. Sànchez, a diferencia, de Junqueras, no tiene el futuro político muy claro en la formación. Su posición pragmática, más en línea con ERC_que con Junts, y la carta que escribió en el diario 'Ara' días atrás, en la que cuestionó el mandato del 1-O, provocaron que sectores de la formación pidieran su cabeza.

Los halcones

Tuvo que rectificar. El presidente del partido, Carles Puigdemont, le ratificó en el cargo. Y ya se sabe lo que pasa cuando el presidente de un club ratifica en el puesto a su entrenador: a la primera derrota, le manda para casa. Junts está en plena guerra interna. Duros contra menos radicales. Los halcones no han querido entrar en el Govern, a la espera de que el ejecutivo de Aragonès se queme con la mesa de diálogo, y ya cuestionan a Sànchez. Puigdemont tiene la última palabra. Jordi Turull es vicepresidente de Junts e igual que Josep Rull es uno de los dirigentes de referencia del partido. Ambos proceden de la antigua CDC y del PDeCAT y son voces de peso en la formación con ganas de seguir marcando dirección, aunque han perdido influencia respecto a Jordi Sànchez. Como muestra, un botón. Las negociaciones decisivas para el pacto de investidura de Aragonès tuvieron lugar en la cárcel de Lledoners. En la mesa se sentaron Aragonès, Junqueras y Jové por parte de ERC, mientras que Sànchez no contó con Turull y Rull (presos como él) y estuvo acompañado por Rius y Artadi. JxCat, no obstante, está aún en fase de construcción interna y el equilibrio de fuerzas que hay ahora puede variar en unos meses. Un ejemplo de que Turull quiere que se le siga teniendo en cuenta es que hoy será el primero de los indultados que pasará por el programa matinal de TV3.

El único de los dirigentes indultados que no forma parte de ninguna de las dos formaciones es Jordi Cuixart. Es el dirigente independentista que goza de mayor prestigio entre todas las familias del movimiento, precisamente por haberse quedado siempre al margen de las cuitas partidistas. Está llamado a jugar un papel de la máxima relevancia desde la presidencia de Òmnium Cultural. Cualquier operación de búsqueda de la unidad en el independentismo pasa por sus manos. Òmnium ha desbancado además a la ANC como entidad de referencia del independentismo, en especial por su trasversalidad.

Confirmadas las condenas por el asato al Parlament en 2011

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado las condenas por el asalto al Parlament de Cataluña que tuvo lugar en junio de 2011 al rechazar el recurso de amparo presentado por los penados. La decisión no ha sido unánime y, muestra de ello, es que se presentarán varios votos particulares, según han indicado fuentes de la corte de garantías a Europa Press.

De esta forma, el pleno ha acogido la ponencia del magistrado conservador Antonio Narváez, que era favorable a las condenas impuestas en su día por el Tribunal Supremo, después de que a principios de este mes se rechazara la presentada por el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido, que abogaba por el amparo. La Audiencia Nacional absolvió a los 19 acusados de la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita al entender que se debe admitir «exceso» en el ejercicio de la libertad de expresión por la «dificultad» de algunos sectores para hacerse oír.

Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló el fallo de la Audiencia Nacional condenando a ocho de los implicados en los incidentes a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado. El alto tribunal determinó que «paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supuso afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático».