Cuixart, Junqueras, Romeva y Turull, en una de sus salidas de la prisión de Lledoners / EP

Los dirigentes independentistas indultados no podrán delinquir entre tres y seis años

La medida de gracia de los presos, que en las próximas horas saldrán de la cárcel, será revocada si reinciden y seguirán inhabilitados para cargo público

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Los indultos aprobados por el Consejo de Ministros por razón de «utilidad pública» fijan un periodo de seguridad de entre tres y seis años. Este plazo condiciona la extinción total de las penas de prisión a los líderes independentistas a que no vuelvan a cometer delito graves y dolosos. De lo contrario, la medida de gracia sería revocada.

La incorporación a los expedientes individualizados de esta suerte de libertad condicionada trata de evitar que reincidan en actos contrarios a la Constitución, por ejemplo. Este periodo se ha distribuido de manera desigual entre los nueve condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel, respectivamente, según la sentencia del 'procés' dictada en octubre de 2019. Así, el periodo más alto, de seis años, se impone al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull; cinco años a los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sànchez; cuatro a Raül Romeva y a la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell; mientras que a Dolors Bassa se fija en tres años.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que esta diferente aplicación se justifica en los «comportamientos» que han tenido los condenados desde otoño de 2017, cuando entraron en prisión preventiva. Las declaraciones públicas, sus posiciones con respecto al proceso secesionista, la voluntad de reiteración, su comportamiento en la cárcel o los pronunciamientos realizados en medios de comunicación han servido para establecer esta horquilla temporal.

Además, los expedientes aprobados suponen la «extinción total» de las penas de prisión que les restan por cumplir a los nueve condenados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Hasta este martes habían pasado tres años y medio en la cárcel, más de 1.300 días, que no supone la mitad de las penas totales impuestas para ninguno.

Sin cargo público hasta 2031

La previsión del Gobierno pasa porque su decisión pueda ser ejecutada esta mismo miércoles por el Tribunal Supremo, tras rubricar el Rey los decretos de indulto y publicarse en el BOE. Por lo tanto, la excarcelación de los beneficiarios del perdón será inmediata.

Un aspecto relevante es que se mantiene intacta la pena de inhabilitación para cargo público -similar a los años de prisión- a los condenados a prisión. Por ejemplo, Junqueras, líder de ERC, será excarcelado con el condicionante de los seis años, pero no podrá ocupar un puesto público hasta la fecha en la que hubiera finalizado su castigo, en este caso julio de 2031, según determinó el tribunal la semana pasada.

Han quedado fuera del indulto por cuestiones prácticas los tres exconsejeros condenados por un delito de desobediencia que no fueron encarcelados: Meritxell Borrás, Santi Vila y Carles Mundó, quienes ya pagaron las multas y extinguieron su responsabilidad penal al finalizar el periodo de inhabilitación impuesto en la sentencia.

A partir de ahora, y en un plazo de dos meses, los indultos se pueden impugnar ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Supremo. Puede recurrirlo la Fiscalía, pero, en principio, no tiene intención de hacerlo. Sí pretenden impugnarlos Vox y el PP, pero no está claro que puedan hacerlo y tendrá que debatirlo el alto tribunal, que no tiene jurisprudencia sobre la legitimidad de los partidos políticos para impugnar indultos. Las circunstancias de ambas formaciones son distintas, porque Vox fue acusación popular en el proceso penal, lo que puede añadirle un plus de legitimidad.