Estos fueron los hechos probados contra los líderes independentistas que se condonaron

El líder de ERC y exvicepresidenteedel Govern fue condenado a13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos. Según la sentencia, tuvo un «destacado papel en el proceso que condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Cataluña». Admitió en el juicio la realidad de los hechos, aunque reivindicó la legitimidad de su actuación y se consideró un «preso político». Se le vinculó con los actos multitudinarios que tuvieron lugar el 12 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía. Además, promovió y participó activamente en la aprobación de la ley del referéndum y en las denominadas «leyes de desconexión». En su última palabra pidió devolver el conflicto catalán al «terreno de la política».

El exconseller de Exteriores fue condenado a 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con un delito de malversación por los gastos del 1-O. Para el tribunal, su papel se incardinó de cara al exterior, como responsable de «asumir la estrategia» del Govern para legitimar el referéndum y desde esta posición, «intentó convencer de la viabilidad de la construcción de una república catalana, relativizó las dificultades logísticas para la celebración de la consulta popular y llegó a acusar a las instituciones europeas de que perderían credibilidad si no apoyaban el referéndum». Como Junqueras, se consideró un preso político y defendió el derecho de autodeterminación. En su última palabra, advirtió al tribunal que «en este banquillo están sentadas más de dos millones de personas que se sienten concernidas con lo que nos ha llevado hasta aquí», y aseguró que «pase lo que pase seguiremos con la mano tendida incluso ante aquellos que nos insultan».

El exconseller de Presidencia fue castigado a12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con otro de malversación. En su caso, el tribunal destacó que intervino «activamente» en la «concertada actuación sediciosa», ya que participó en las reuniones en las que se definió la estrategia independentista, en primer lugar como parlamentario y presidente del grupo de JxSí. Además, sabía que no atender los requerimientos del TC suponía un delito de desobediencia y «tenía que prever también» que su imputación se agravaría si no se limitaba a desobedecer. De forma explícita le atribuye el hecho de impulsar la creación de una «legalidad paralela» para promover la «inobservancia de las leyes» y la celebración de un referéndum prohibido mediante una «tumultuaria movilización ciudadana para rechazar el cumplimiento de las resoluciones judiciales».

La exconsellera de Trabajo fue condenada a 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta por sediciónen concurso medial con un delito de malversación. El Supremo sentenció que adoptó las decisiones ejecutivas necesarias para poder celebrar el 1-O, ya que cedió el uso de centros cívicos como locales para la votación. Esa jornada pretendía «evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el cierre de los centros de votación». En su última palabra apeló al tribunal a reflexionar porque «su sentencia no será solo mi libertad, sino la de muchas generaciones».

La expresidenta del Parlament fue condenada a 11 años y seis meses de prisión y 11 años y seis meses de inhabilitación por sedición, a pesar de que no se le condena por malversación. La sentencia fue dura con Forcadell, a quien el tribunal atribuyó un papel «decisivo» en el proceso desde su «privilegiada posición». Le acusó de amparar desde esa posición la creación de una «legalidad paralela carente de validez» con las leyes de desconexión, que «formaban parte de una estrategia concertada por los principales acusados» con el objetivo de «crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la república independiente de Cataluña».

El exconseller de Interior fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por sedición. Para el Supremo, maniobró para hacer «inefectivas» las órdenes judiciales de impedir el referéndum, «neutralizando la capacidad operativa» de los Mossos. También dio a Jordi Sànchez «facultades mediadoras» en los incidentes frente a la Consejería de Economía. Según el tribunal, «en todo momento» ordenó su comportamiento a reconducir la interpretación de los mandatos judiciales a un sentido que permitiera disimular su «aparente cumplimiento con el decidido propósito de hacer inefectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales y del fiscal superior».

El exconsejero de Territorio fue condenado a10 años y seis meses de cárcel por sedición. En su caso, el Supremo concluyó que puso «las bases que propiciaron las condiciones de la movilización ciudadana». «Impidió así el normal funcionamiento del Estado que actúa en defensa de la legalidad, participó en la convocatoria de un referéndum ilegal y participó también en su realización», dijo la sentencia. Su actividad «no se limita a una idea, o a su expresión, sino a la ejecución de actos para crear las condiciones precisas que impidieron el funcionamiento de los servicios públicos y la actuación del Estado de acuerdo a la legalidad». En su última palabra, criticó que España «imponga el no diálogo» a diferencia del Reino Unido o Canadá. Al tiempo, advirtió al tribunal de las «consecuencias nocivas» que podía tener la sentencia en Europa.

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana fue condenado a nueve años de cárcel y nueve de inhabilitación absoluta como dirigente de la sedición, menor que en el caso de Junqueras por no ser autoridades. Para el Supremo, se encargó de la «promoción y liderazgo» de la concentración de protesta que se produjo los días 20 y 21 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía. «Asumió de forma voluntaria y con la aquiescencia del procesado Forn, que le confirió el rango de interlocutor, la promoción y el liderazgo de la concentración». En el juicio también se definió como un «preso político». Al final del proceso insistió en que Cataluña afronta un conflicto político y advirtió a los magistrados de la trascendencia de sus decisiones.

El presidente de Òmnium Cultural fue castigado a nueve años de cárcel y nueve de inhabilitación absoluta como dirigente de la sedición, menor que en el caso de Junqueras por no ser autoridades. Según la sentencia, alentó un «levantamiento tumulturario» el 1 de octubre de 2017. Para el tribunal, su actuación da el «salto» desde las llamadas de protesta y la movilización, que consideran «legítima», a «empujar» a la ciudadanía simpatizante con el movimiento secesionista a la «resistencia activa, a la oposición por vías de hecho» contra el cumplimiento de las órdenes judiciales, o de cualquier decisión de las autoridades que vaya en contra de la celebración del referéndum ilegal. Especialmente significativa fue su última palabra ante el Supremo, cuando manifestó que «todo lo que hice lo volvería a hacer y no me arrepiento».