Laura Borrás. / EFE

ERC se inclina por hacer caer a Borràs

Junts defiende a la presidenta del Parlament y afirma que se trata de un caso de «persecución» política y de «represión» del Estado

CRISTIAN REINO Barcelona

Laura Borràs no está aún procesada por el juez, pero los partidos independentistas ya están tomando posiciones ante una eventual decisión del juez de sentarla en el banquillo, junto a otras tres personas, por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude. Junts ha cerrado este jueves filas con su presidenta, mientras ERC ha dado a entender que la dejará caer. La CUP ya hace tiempo que advierte de pedirá su cese.

Su destitución como presidenta de la Cámara catalana debería producirse en aplicación de un artículo del reglamento del hemiciclo catalán, promovido por la CUP y apoyado por Junts para luchar contra la corrupción. Este artículo afirma que en caso de que un diputado autonómico sea procesado por delitos vinculados a la corrupción, como es este caso, «la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, dirigente de ERC, ha advertido este jueves a Borràs de que «representa a la institución» del Parlamento de Cataluña y de que «no ha de pensar en ella misma», según ha señalado en la Ser. «Ha de pensar en el prestigio de la institución, el prestigio del Parlament está por encima», ha afirmado. No ha pedido de manera explícita su cese, pero lo ha dado a entender.

ERC presionará para que Borràs dimita por su propia cuenta. La formación republicana no quiere aparecer como el responsable de pulsar el botón rojo de su cese cuando la cuestión se dirima en la Mesa del Parlament. Junts no se lo va a poner fácil. El vicepresidente de la formación nacionalista ha fijado este jueves la posición del partido. Josep Rius, desde la Cámara catalana, ha advertido de que el caso de Borràs es una «persecución» política. «Todo el apoyo a la presidenta Laura Borràs que una vez más se encuentra bajo la espada represiva del Estado», ha aseverado. Este es el argumento que ha empleado la dirigente nacionalista desde el primer día. Asegura que su causa penal no es corrupción, sino un montaje del Estado para atacarla, y que por tanto no tendría que cesar como presidenta del Parlament. En Twitter, Borràs ha tirado de ironía para afirmar: «A punto para un juicio justo». «Todo muy de democracia perfecta: irse cargando derechos uno detrás de otro», ha lamentado. Está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar Junts en defensa de la presidenta del partido y si la dirección de la formación soberanista sacrifica incluso el gobierno de coalición en el Govern.

La Fiscalía tiene ahora 10 días para redactar el escrito de acusación y la petición de apertura de juicio oral. Será en ese momento cuando el juez procesará a la presidenta del Parlament. El magistrado instructor ve indicios por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos cuando la presidenta de Junts era directora del Institut de les Lletres Catalanes (ILC). Está acusada de fraccionar contratos para poder adjudicarlos a dedo a un amigo, durante su etapa al frente del ILC. Son 18 contratos, de menos de 18.000 euros cada uno. En total, 330.000 euros.

«Los indicios permiten afirmar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos que castiga la autoridad o el funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, como igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones», según el auto. «Dado que la ILC es un ente autónomo de naturaleza administrativa y que su directora Laura Borràs era la responsable de la contratación administrativa y tenía atribuida la disponibilidad y administración del patrimonio, ha quedado indiciariamente acreditado que la disposición del patrimonio de la ILC derivada de la liquidación de los dieciocho contratos menores objeto de la investigación ha supuesto un perjuicio a los caudales públicos», señala.

A su juicio, Laura Borràs «abusó» de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC, «dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los dieciocho contratos, con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses» de su amigo Isaías H.