Hacienda se resiste a colaborar con la Fiscalía Europea en su lucha contra la corrupción

Este doble reto para el Ejecutivo de Pedro Sánchez contrasta, sin embargo, con la situación que vive en España uno de los órganos clave para velar por el cumplimiento del derecho de la UE y su vigilancia penal: la Fiscalía Europea. Ello pese a que desde su nacimiento el Ministerio de Justicia «siempre ha apoyado la contribución a la eficacia de su acción», según defienden desde el departamento dirigido por Pilar Llop, responsable de dotar de recursos humanos y materiales a la delegación española de la Fiscalía comunitaria.

Este órgano supranacional fue aprobado por el Consejo de la UE y está regulado en una normativa de octubre de 2017. Sin embargo, desde su puesta en marcha en julio de 2021 está encontrándose en España con bastantes piedras en el camino por parte de ministerios e instituciones públicas en su intento de cumplir con la «eficacia» que pregonan desde Justicia: investigar, perseguir y enjuiciar delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea.

A la angosta calle Luis Cabrera de Madrid donde se ubica la sede española de la Fiscalía Europa, un antiguo edificio administrativo usado de comodín por diversos operadores judiciales, se suma la problemática operativa que se está encontrando el departamento dirigido por Concepción Sabadell, una exfiscal anticorrupción con una dilatada carrera profesional.

A la espera además de que le asignen unidades policiales investigadoras como ocurre en Anticorrupción, el Ministerio de Hacienda lleva más de cuatro meses sin cumplir con la petición realizada por el órgano comunitario para poder conectarse al servidor del Sepblac, el servicio de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias, según afirman fuentes jurídicas. Pese a que buena parte de las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea en España se circunscriben a fraudes impositivos y de subvenciones, por ahora, los siete fiscales delegados y los ocho funcionarios del departamento no tienen acceso directo a la base datos del órgano colegiado supervisado por el Banco de España. Una circunstancia que ralentiza su actividad.

En cambio, otros operadores nacionales sí lo tienen, caso de la Fiscalía Anticorrupción, la Policía Judicial, la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado o más recientemente el ORGA, la oficina del Ministerio de Justicia encargada de recuperar y gestionar los activos procedentes de la actividad delictiva.

En el caso del Sepblac, cuyo soporte técnico depende de la Unidad de Servicios Informáticos del Banco de España, los motivos esgrimidos fueron las «cuestiones legales», pero, una vez solventado este obstáculo, ha surgido otro: los «aspectos técnicos».

El tema legal se refirió a la necesidad de contar con un código de acceso o CIF similar al de los operadores jurídicos nacionales, pero al tratarse de un órgano no estatal surgieron las primeras diferencias. Sobre la cuestión técnica, el sistema de interconexión al servidor del Sepblac data de 2016 y el permiso de acceso a la Fiscalía Europea obligaría por lo tanto a una modificación informática. Una tarea de la que también es corresponsable el SGAD, la secretaría del Ministerio de Economía encargada de coordinar la conexión digital entre los organismos públicos. Consultado por este periódico, en el Ministerio de Hacienda han declinado ofrecer su versión sobre esta falta de colaboración con la Fiscalía Europea.

No obstante, un técnico de la administración detalla que «hay un cerrojo en el Banco de España y la llave tiene varias vueltas». «Podría ser una cuestión de desconocimiento, burocracia o exceso de celo, pero es indudable que esta resistencia también tiene que ver con la desconfianza que genera la cesión de determinados datos a una institución europea. Al final todos los caminos llevan a Bruselas, también los de la Administración de Justicia, y la pérdida de soberanía por parte de los ministerios y las secretarías de Estado influye en esta postura obstruccionista», explica el informante.

Mientras tanto, la Fiscalía Europea ha incrementado su volumen de trabajo durante el pasado año, al pasar de cinco a 43 investigaciones abiertas con un perjuicio estimado a las arcas de la UE de 144 millones de euros, según los datos de su memoria.

Uno de estos casos fue el contrato de las mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó por 1,5 millones de euros a la empresa de un amigo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuyo hermano recibió una comisión por esta operación. La Fiscalía Europea examinó una posible malversación de fondos comunitarios, ya que los 250.000 tapabocas se pagaron con los Feder (fondos de desarrollo regional). Sin embargo, tras una «exhaustiva» investigación el departamento dirigido por Concepción Sabadell, conocida por llevar en su día la acusación pública en el 'caso Gürtel', no encontró indicios de delito.

Precisamente, detrás de este caso surgió hace un año una intensa polémica entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea debido a la adjudicación de la competencia investigadora. El asunto llegó hasta Luxemburgo, sede del órgano comunitario. Su máxima responsable, la rumana Laura Kovesi, recordó a la entonces fiscal general Dolores Delgado que para evitar duplicidades el reglamento les otorga «prioridad» y que si había alguna duda podía elevar una cuestión de competencia al Tribunal de Justicia europeo. Delgado hizo caso omiso, defendió la competencia parcial de Anticorrupción y Kovesi le llegó a responder que estaba desafiando la «supremacía del derecho de la UE».