Pedro Sánchez, durante la ejecutiva del PSOE. / EFE

El Gobierno rechaza las «presiones» y mantiene su plan de levantar la alarma

Urkullu, ajeno a la batalla electoral madrileña, se convierte en el primer presidente en pedir abiertamente que haya una prórroga en mayo

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

El Gobierno no da por absolutamente cerrada la posibilidad de acabar reclamando al Congreso una prórroga del estado de alarma en vigor hasta el 9 de mayo, pero de momento insiste en que su plan es permitir que decaiga. Ni siquiera la inquietud mostrada, no ya por los presidentes autonómicos del PP, sino por el lehendakari Iñigo Urkullu, a quien Pedro Sánchez confiere un trato de aliado al que cuidar, le han hecho moverse de sus posiciones. «Existe legislación ordinaria suficiente en las comunidades para poder acometer las tareas que permitan minimizar contagios en el conjunto de la población», reiteró este lunes la portavoz María Jesús Montero.

La ministra matizó que si llegado el mes de mayo la incidencia acumulada de contagios por coronavirus desborda las previsiones que hoy manejan los «expertos», el Ejecutivo reconsiderará su posición, pero advirtió de que el cambio de criterio no estará al albur de «la presión o no» de las comunidades que ya la semana pasada acogieron con malestar la declaración de intenciones del presidente del Gobierno. Algunos –fundamentalmente los populares, pero no solo– llevan días argumentando que ese anuncio fue «prematuro» e incluso lo vinculan con el empeño en lanzar un mensaje de victoria frente a la pandemia que tildan de electoralista.

«Creo que no es bueno plantear ahora qué pasará el 9 de mayo», dijo Fernando Simón en su comparecencia de los lunes. Consdiera que «tenemos tiempo para valorar en estos días si el toque de queda –que solo puede aplicarse con un estado de alarma– va a mejorar algo que no se pueda hacer sin ello». Insiste, eso sí, en que «la situación que tengamos dentro de un mes –por la vacuna– es muy diferente a la que teníamos en octubre».

En público, los presidentes socialistas respaldan la decisión de Sánchez y alegan que no se puede vivir permanentemente en la excepcionalidad. Los populares echan en cara al Gobierno que no haya aprovechado estos seis meses, desde que el Congreso avaló el vigente estado de alarma, para aprobar una legislación alternativa que les permita restringir la movilidad por razones epidemiológicas. Pero, aunque el andaluz Juanma Moreno sí insinuó hace unos días habría que plantearse alargar el marco de excepcionalidad un mes, ninguno ha reclamado abiertamente la prórroga.

«Falta de garantías»

El lehendakari Urkullu, ajeno a la batalla sin cuartel en la que andan sumidos los dos principales partidos a cuenta de las elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid, en cambio, reclamó este lunes sin ambages a Sánchez que no deje expirar el real decreto que declaró la alarma el pasado 25 de octubre. «Si ahora se deja sin aplicación nos vamos a encontrar, primero, con una interpretación equivocada por una parte de la sociedad, que conducirá a la relajación o exceso de confianza; segundo, con una incapacidad operativa para tomar decisiones de manera rápida, y tercero, con una falta de garantía jurídica a la vista de la experiencia (previa a octubre)», advirtió en Radio Euskadi.

Urkullu recordó que fue él mismo quien hace seis meses pidió que se aprobara el estado de alarma tras ver cómo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbaba algunas de las medidas puestas en marcha por su gobierno para contener la expansión del virus. Y, tras reprochar al jefe del Ejecutivo que anunciara su propósito de no prorrogarlo sin tan siquiera haberlo hablado con los presidentes autonómicos, le reclamó «que sea consciente de lo que tenemos». «Yo no sé cuáles son las razones que han llevado al presidente a tomar esa decisión. Intuyo algunas –censuró–, pero no sé cuáles son sus razones con las circunstancias que estamos viviendo y cuando vamos a tener que convivir con la pandemia muchos meses mientras no llegue la inmunidad de rebaño».

Llegado el caso de que, ante los datos de contagio –la incidencia acumulada en 14 días es casi cuatro veces superior en España al objetivo los 50 casos por 100.000 habitantes– el Gobierno opte por solicitar la prórroga, el PP_también tendrá que tomar una decisión. De momento, se limita a presumir de que el Consejo de Estado le diera la razón al recomendar al Gobierno que adapte la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, para proporcionar a las autoridades sanitarias autonómicas el mejor marco jurídico posible para afrontar la situación.