Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

Peramato, con 35 años de ejercicio como fiscal, cumple los requisitos legales para ocupar el cargo. Es, como ya había avanzado el Gobierno, claramente progresista y, de hecho, fue, como el propio García Ortiz, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, pero el suyo es un perfil con pocas aristas. El Ejecutivo sostiene en su comunicado que goza del «reconocimiento unánime de los operadores jurídicos» y destaca especialmente su trayectoria en materia de lucha contra la violencia de género. «Es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia», subraya.

Ese dato es en sí mismo una declaración de principios en un momento en el que Sánchez se presenta como adalid de la lucha contra una ultraderecha que tiene entre sus señas de identidad el negacionismo. Refuerza el mensaje el hecho de que el Ejecutivo de este paso justo en 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, su elección, en pleno combate del Ejecutivo contra lo que considera un «acoso judicial» injustificado contra un presidente legítimo, tiene también cierto aroma apaciguador en la relación con la justicia.

El Gobierno podría haber optado por un perfil con más carga política y en las propias filas socialistas, donde se pedía una persona «bien roja», se llegó a especular con el regreso de la exministra de Justicia Dolores Delgado. En las quinielas estaban también la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, quien estuvo imputada hasta justo antes de ir a juicio en la misma causa por la filtración que García Ortiz, o a Diego Villafañe, jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. No ha sido el caso. Peramato es una fiscal reconocida que, en la línea con la primera elección de Sánchez, María José Segarra, en aquello que llamaron el «Gobierno bonito», formado tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, no levanta ampollas a priori.

«No hay duda de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el ministerio fiscal en nuestro país», ha defendido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al que él ha llevado formalmente la propuesta. Bolaños, que ha insistido en sus elogios a García Ortiz, al que ha presentado como víctima de «ataques despiadados desde antes incluso de asumir el cargo», ha asegurado que su sucesora« trabajará para conseguir la independencia de criterios», en un mensaje hacia la propia carera fiscal.

En 2005, Peramato fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y también fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Entre 2021 y 2035 ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Una vez aprobada hoy la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial se reunirá mañana a las 12:00 en sesión plenaria para valorar el nombramiento y emitir un informe no vinculante. En noviembre de 2023 Álvaro García Ortiz fue considerado inidóneo por ocho votos a siete cuando el órgano de gobierno de los jueces estaba en funciones. La justificación fue una sentencia del Tribunal Supremo que acusaba al entonces candidato de "desviación de poder" en el ascenso de su antecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala.

Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Rey la nombrará Fiscal General del Estado. Entre tanto, según ha subrayado Bolaños en contra de lo que ayer se apuntaba desde el Gobierno, García Ortiz seguirá en el cargo. La intención del Consejo de Ministros es cesarlo solo en el mismo momento en el que se haga efectivo el nombramiento de su sucesora, siempre y cuando -algo que creen poco probable- no se ejecute antes la sentencia que lo condena a una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación.