Pedro Sánchez. / ep

El Gobierno mete el turbo y prepara un macropleno extraordinario para tomar impulso

Solicita al Congreso que, además del Debate sobre el estado de la Nación, la semana próxima se vote el plan anticrisis, la ley de la memoria y la reforma en lectura única de la ley del Poder Judicial

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

El Gobierno sigue dando muestras de que intenta compensar con un acelerón legislativo la falta de pulso que evidenciaron las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio. Nada de dosificarse. Al Congreso ha llegado ya la solicitud de convocatoria de un intenso pleno extraordinario, que tendrá lugar la semana que viene, en la que ya estaba prevista la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación, un acontecimiento en sí mismo teniendo en cuenta que no ha habido ninguno desde 2015.

En el orden del día remitido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet se incluyen, además la gran cita política, tres asuntos relevantes: la convalidación del decreto anticrisis, la ley de la memoria democrática, desencallada en las últimas semanas gracias, entre otras cosas, a un controvertido acuerdo de los socialistas con EH-Bildu y la también polémica contrarreforma de la ley orgánica del Poder Judicial, con la que Sánchez pretende asegurarse el vuelco progresista del Tribunal Constitucional.

El pleno será extraordinario porque, aunque desde hace ya muchos años la actividad parlamentaria del mes de julio es intensa, formalmente es un mes inhábil en el que no hay programadas sesiones plenarias. Será la Junta de Portavoces la que este miércoles decidirá, a propuesta de Batet, cómo se ordenan los puntos del día. Pero hay que tener en cuenta que solo el Debate de la Nación suele desarrollarse a lo largo de tres jornadas por lo que algunas fuentes no descartan que el pleno se prolongue desde el martes 12 hasta el viernes 15, aunque aún está por ver.

Prisas por el TC

Las prisas del Ejecutivo son especialmente significativas en lo que respecta al Poder Judicial. De hecho, su intención es tramitar por la vía de urgencia, en lectura única, la reforma con la que quiere levantar parcialmente el veto que los propios socialistas y Unidas Podemos impusieron al órgano de los jueces en funciones en 2021. Eso significa que, si sale adelante, la norma estará aprobada a finales de la próxima semana y el CGPJ podrá, sobre el papel, nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que por cuota le corresponden.

El Gobierno ideó está fórmula para salir del callejón sin salida en el que le habían metido, por un lado, el bloqueo de la renovación del Poder Judicial, provocado por la falta de acuerdo con el PP, y, por otro, sus propias maniobras para forzar a los populares a mover ficha. Porque cuando decidió maniatar al CGPJ en funciones y limitó su capacidad de hacer nombramientos no tuvo en cuenta que podía estar quitándose a sí mismo margen de maniobra en la renovación del Constitucional.

El 12 de junio caducó el mandato de cuatro magistrados de este órgano, máximo garante de la Carta Magna, y es al Gobierno y al CGPJ a quienes les corresponde relevarlos (dos y dos). Dado que la Constitución indica que el TC, compuesto por doce magistrados, se renueva por tercios, algunos expertos entendían que el Ejecutivo no podía proceder a sus nombramientos si el Poder Judicial no hacía los suyos. El PSOE no quiere esperar a que el PP se avenga a acabar con tres años y medio de bloqueo institucional y ha decidido tirar por la vía de en medio para no demorar unos cambios que inclinarán la balanza del Constitucional a favor de los progresistas. Pero su movimiento ha provocado malestar entre los vocales del Poder Judicial.