El vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès (i) conversa con la presidenta del Parlament, Laura Borràs / EFE

Gobierno y Generalitat se culpan por la no vacunación de policías en Cataluña

La Delegación del Gobierno en Cataluña niega demoras en la entrega del censo de agentes

CRISTIAN REINO Barcelona

La vacunación contra el covid de los policías nacionales y guardias civiles que trabajan en Cataluña ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat. Ambas administraciones se echan las culpas del hecho de que el porcentaje de los agentes de cuerpos estatales que han recibido ya su dosis contra el coronavirus ronda entre el 6% y 9%, lejos del 80% de los Mossos d'Esquadra. Tras una denuncia de los sindicatos policiales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó ayer al Govern a modificar su plan de vacunación para situar el porcentaje de policiales nacionales y guardias civiles vacunados contra el covid en porcentajes similares a los Mossos. El TSJC dio ayer 10 días al Govern para rectificar esta situación que la justicia cree que podría ser «discriminatoria». El Govern culpó al Gobierno central y achacó el retraso en la vacunación a que el Ministerio del Interior se negó a facilitar el censo de los agentes y a que los mandos policiales no se avenían a los puntos y a los horarios de vacunación que el ofrecía la Consejería de Salud de la Generalitat.

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha negado esta mañana la versión del Govern catalán. Según el relato del Gobierno español, es mentira que la Delegación del Gobierno enviara tarde las listas de los agentes que debían vacunarse. La Delegación del Gobierno dio el primer toque de alerta a Salud cuando el pasado 10 de febrero la Consejería anunció su plan de vacunación y no incluyó a los policías nacionales y a los guardias civiles en la relación de colectivo esencial para vacunarse con AstraZeneca. Hasta el 4 de marzo, 23 días después del inicio de la campaña de vacunación, no hubo ninguna reunión con resultados efectivos entre la Delegación del Gobierno y Salud, según la administración central. Ese día se entregó el censo de los 7.000 agentes destinados en Cataluña, según la Delegación del Gobierno, mientras el Govern asegura que ese día les dijeron que no les facilitarían ningún censo hasta dos días antes de las vacunaciones. Al final, Salud programó las vacunaciones entre el 25 y el 29 de marzo, pero el 24 llegó la decisión de paralizar las dosis de Astrazeneca para menores de 65 años, por lo que plan quedó frustrado.

El Govern y los partidos independentistas fueron ayer muy críticos con la resolución del TSJC. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, calificó la decisión judicial de «ridícula», aunque eso sí, afirmó que la acatará. Y defendió que el Gobierno catalán no discrimina a nadie. «Me da igual si es un Mosso o un Guardia Civil. Me importa una rábano«, dijo. En cualquier caso, advirtió de que para cumplir con la orden judicial, tendrán que atrasar la vacunación de algunas personas de 70 años. »Bastante complicado es esto como para que ahora tengamos también que adaptarnos a criterios judiciales«, dijo. Esta mañana, Ciudadanos ha pedido su dimisión. «Es indignante que Argimon haya puesto en la picota a Policía Nacional y Guardia Civil», ha asegurado el presidente de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa. «Esta discriminación hacia dos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tiene explicación», ha lamentado. Carrizosa ha anunciado además que su partido ha pedido en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.

Mientras, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, criticó que policías y guardias civiles se vacunarán «pasando por delante de personas y defensas y pacíficas a las que golpearon de forma salvaje» durante el 1-O. «Aquellos que agredieron a ciudadanos al grito de '¡a por ellos!' continúan privilegiados y protegidos« por el Estado español, según Puigdemont.