La ministra de Igualdad culpa a la Fiscalía por hacer «una valoración sin datos» de los fallos de las pulseras

La gravedad del asunto radica principalmente en que estas pulseras de control telemático permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas que tienen impuestas órdenes de alejamiento de sus víctimas. Esto tiene como objetivo proteger a las mujeres de ser agredidas, ya que a su vez llevan dispositivos que alertan de la cercanía de estas personas, y documentar posibles quebrantamientos de cara a la vigilancia policia. Actualmente son más de 4.500 los hombres que las llevan puestas pero un total de 21.036 las han llevado en algún momento desde 2009, año en el que comenzaron a implantarse.

En la misma línea que Redondo se pronunció el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. «En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores», insistió el ministro socialista, que este viernes se esforzó en marcar con contundencia la postura del Gobierno para tratar de minimizar el impacto de los fallos de seguridad de las pulseras antimaltrato.

En concreto, la Fiscalía denuncia en su memoria una pérdida de los datos anteriores al 20 de marzo de 2024 que ha tenido repercusión en los procedimientos judiciales abiertos por quebrantamiento de la orden de alejamiento en los juzgados de violencia machista, «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», señala el Ministerio Fiscal el documento.

Ante las preguntas de los periodistas por esta cuestión, Bolaños, antes de reunirse con representantes de la Asociación Plataforma Judicatura Interina en la sede del Ministerio, no quiso entrar al quite y se centró en aclarar que «todos los aspectos» de ese episodio ya «se resolvieron» y ahondó en que «lo fundamental» es que no hubo afectación directa a la integridad de las víctimas, porque «en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar».

Mientras el PPya esgrime la crisis de las pulseras antimaltradores como ariete contra el Ejecutivo y pide el cese de Redondo, la cuestión también ha levantado ampollas en Sumar, que ha abierto un nuevo frente con los socialistas en el Consejo de Ministros. El socio minoritario del Gobierno registró este viernes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Igualdad en el que cuestiona si su titular conocía o no este problema y el número de víctimas de violencia de género o sexual que se han visto afectadas por lo que califican de «anomalía». De la misma forma, le instan a explicar cuáles son las medidas que va a poner en marcha este departamento «para reparar el daño causado» y para evitar que pueda volver a repetirse.

No es el primer encontronazo entre Sumar e Igualdad en esta legislatura. Apenas recién formado el Gobierno, en diciembre de 2023, los de Yolanda Díaz tildaron de «vergonzoso» el nombramiento de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres por sus críticas al movimiento trans. Antes de tomar el cargo, García escribía en sus redes sociales que «las mujeres trans no existen».

La polémica acabó de golpe cuando en julio de 2024 el Consejo de Ministros la cesó al frente del organismo. Pero la decisión no llegó por esta polémica, sino por los contratos que supuestamente ella y su pareja habrían obtenido para gestionar los Puntos Violeta de varios municipios en los que gobierna el PSOE.

Paralelamente, en una llamada telefónica al vicesecretario de Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, Redondo le trasladó la «información» que les «consta» sobre los fallos en las pulseras antimaltrato. La ministra defendió que hay «control telemático sobre los maltratadores», las pulseras antimaltrato «funcionan» y «las víctimas están protegidas».

Por ello, desde Igualdad acusan al PP de crear una «realidad paralela». Además, ante las críticas de los populares por falta de explicaciones, defienden que la ministra ha realizado la llamada a De los Santos cuando su agenda se lo ha «permitido», yaer por la mañana, y en un rifirrafe por el relato, afean al dirigente popular haber cogido la llamada «la tercera vez» que Redondo ha intentado ponerse en contacto con él, por lo que se preguntan cuál era la agenda de De los Santos como para impedirle «responder a la primera».

La anomalía técnica se produjo en «la migración a los nuevos dispositivos» implantados desde 2023, cuando el contrato, gestionado por el Ministerio de Igualdad, pasó de la empresa que lo llevaba (Telefónica) a la nueva (Vodafone). Durante «el cambio de prestatario y de la nueva adjudicación del servicio» se produjeron «por problemas de descarga» que impidieron que esté disponible «la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos».

Aunque este traspaso de datos comenzó en 2023, en la memoria conocida ahora se indica que «se tiene constancia de que (el problema) no ha sido resuelto y ante la petición de una previsión de tiempo su respuesta es: 'este centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada'». «La imposibilidad de que el centro Cometa facilite la información ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación», aseguran fiscales de Madrid, Girona, Granada o Tenerife, entre otros lugares.

Igualdad respondió a este periódico que «el año pasado hubo un traspaso de empresas por un cambio de contrato y se hizo un proceso de transición y una UTE (unión temporal de empresas) específica para ello. Se instaló una nueva plataforma. Se hizo un equipo específico para ello, con personal técnico informático de Telefónica, de Vodafone y de Securitas, que permitió hacerlo de una manera óptima, antes de que terminara el año. En la actualidad tenemos todos los datos integrados en nuestro sistema, tenemos todos y cada uno de los datos».

Por su parte, una fuente de la Fiscalía aclaró que fueron «casos puntales» que se notificaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que esta dependencia de Igualdad les informó que «los casos se habían revisado uno por uno, una vez solventado el problema informático». Este año 2025 no se ha producido ninguna incidencia. La Fiscalía, en cualquier caso, no tiene los datos exactos de cuántos sobreseimientos y absoluciones hubo antes de solucionar la incidencia, como indicaba su memoria, pero asegura que fueron «muy pocos» casos.