El Gobierno calibrará hoy la oposición de las comunidades del PP a sus cesiones a Cataluña

Pero con un CPFF copado por ejecutivos del PP tras los comicios del 28-M, el Gobierno encara el primer test que medirá la batalla que le aguarda ante lo que los barones populares denuncian como «privilegios» para Cataluña derivados de las alianzas con Junts y ERC.

Montero acude al encuentro con el compromiso contraído con Bruselas de reducir el déficit al 3%del PIB–la previsión es que cierre este año nueve décimas por encima– y con la perspectiva de una negociación del proyecto presupuestario en el que tendrá que lidiar con sus socios –Podemos incluido tras su ruptura con Sumar– y con la capacidad de veto del PP en el Senado. La ministra informará del listón de ese déficit para las comunidades y cuánto les corresponderá en el reparto anual del sistema de financiación.

Eso, sobre el papel, porque el vicesecretario de Economía de los populares, Juan Bravo, definió ya ayer la reunión como «una buena oportunidad» para exigir al Gobierno «qué es lo que está negociando fuera de España», en alusión a la mesa con Carles Puigdemont y verificador internacional en Ginebra, «y, sobre todo, cuánto le va a costar al conjunto de los españoles. ¿Cuánto van a pagar sus impuestos para ese voto favorable a Sánchez?», interpeló Bravo en un vídeo distribuido por su partido. Fue, con todo, Esquerra, la que puso en bandeja la crítica a los de Alberto Núñez Feijóo el sábado, cuando la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, confirmó que plantará a sus homólogos –delegará en dos técnicos– entre otras razones porque el Govern de Pere Aragonès «tiene abierta una negociación para una financiación singular de Cataluña».

Las concesiones arrancadas al PSOE en este terreno permitieron a ERC vender las bondades de su pacto para investir a Sánchez antes de que Junts cerrara el suyo con los socialistas. En la práctica, las fuerzas del secesionismo catalán, que compiten ferozmente entre sí, exigen lo mismo: un concierto económico a la vasca, al que Jordi Pujol no quiso arriesgarse en los albores de la democracia.

Pero los republicanos se anticiparon con el plácet del PSOE a condonar el 20% –15.000 millones– de la deuda contraída por Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica habilitado por el Gobierno de Rajoy en 2012 para paliar la erosión de la debacle financiera global. Y aunque el Gobierno negociará quitas parejas para otras comunidades endeudadas, la bilateralidad 'de facto' con la pata catalana –con hasta cinco mesas de negociaciones diversas con el Govern, ERC y Junts– ha sido recibida en pie de guerra por las administraciones del PP.

Los populares exigen un diálogo multilateral y transparente en el CPFF que alcance a la actualización del modelo de financiación autonómica, un 'trasatántico' pendiente de mover desde hace una década y sobre el que Sánchez incita ahora a dialogar a Feijóo. Los socialistas, que ven a los presidentes de Madrid, Andalucía y Galicia –Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Alfonso Rueda– en reivindicaciones «de máximos», atisban, también, fisuras entre los intereses regionales en juego que podrían beneficiarles políticamente. Pero hasta que pasen los Presupuestos, este elefante en la habitación seguirá esperando, según confirmó Montero en una charla informal con periodistas el Día de la Constitución.