Quim Torra, en una imagen de archivo. / EFE

La Fiscalía pide una segunda inhabilitación para Quim Torra

El Ministerio Público reclama también 30.000 euros para el expresidente catalán por desacatar la orden de retirada del cartel en el Palau de la Generalitat en apoyo a los condenados por el 1-0

CRISTIAN REINO Barcelona

La Fiscalía reclama una pena de inhabilitación de un año y ocho meses para el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia por negarse a descolgar una pancarta a favor de los presos del balcón del Palau de la Generalitat.

Se trata de la segunda causa penal contra el dirigente nacionalista, que ya fue condenado a un año y medio de inhabilitación por un caso similar. En septiembre pasado, el Supremo confirmó la condena y Torra tuvo que cesar como jefe del Ejecutivo autonómico, lo que precipitó la convocatoria electoral en Cataluña. Desde entonces cumple la pena, aunque ya está retirado de la política. La primera pancarta se negó a retirarla en el periodo electoral de las generales de abril de 2019 y la segunda, en las generales de noviembre de ese mismo año. En ambos casos, acabó descolgándolas, pero días después.

Torra está a un paso de sentarse por segunda vez en el banquillo de los acusados por su «clara voluntad de no atender ninguna orden» judicial, según señala la Fiscalía en el escrito de acusación. En esta segunda causa, los requerimientos del TSJC fueron explícitos y el expresidente catalán se negó a acatarlos, aduciendo que estaba defendiendo la libertad de expresión. El Ministerio Público pide además que durante el tiempo de condena, Torra pierda los honores que acompañan a la condición de expresidente.

Los problemas judiciales crecen en Junts. No solo por el caso de Torra. Un juez de Barcelona solicitó este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investigue por un presunto delito de malversación, prevaricación y tráfico de influencias al diputado nacionalista Francesc de Dalmases, uno de los dirigentes de la máxima confianza de la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, que está imputada por una presunta causa de corrupción.