El Gobierno ve una posibilidad «real» de acuerdo sobre el CGPJ pero pide tiempo

Feijóo aseguró este martes que cuenta con el compromiso del presidente del Gobierno para modificar en ese sentido la norma, aunque utilizó una terminología lo suficientemente vaga como para no dar nada por sentado. «¿Qué es lo que mejoramos ayer? -dijo en un coloquio organizado por 'El Mundo'-. Primero, que el Gobierno nos llame para hablar de la renovación, que acepte que esto no va de nombres, que va de requisitos, que nos pongamos de acuerdo en comprometer una reforma legislativa en la que los jueces y magistrados tengan peso en la elección de los jueces en el futuro».

Las palabras empleadas tienen su importancia porque el líder del PP habló de «tener peso», pero lo que en su partido reclamaban hasta ahora es que los jueces puedan nombrar, sin intervención ni mediación de ningún otro órgano o institución, a más de la mitad de sus representantes en el Consejo. Los socialistas, reacios a cualquier fórmula que implique limitar la potestad del Congreso y el Senado (las cámaras designan ahora a todos los vocales por mayoría de tres quintos) siempre han replicado, en cambio, que los jueces ya tienen voz en el proceso porque son ellos quienes elaboran las candidaturas de las que 'tiran' luego los grupos políticos.

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, dio a entender, como en la víspera el ministro de Presidencia y principal negociador del Ejecutivo, Félix Bolaños, que su posición no ha cambiado. Pero eludió rebatir a Feijóo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Nos hemos dado una última oportunidad y es importante no poner el foco en lo que nos diferencia», adujo. Fuentes de Moncloa insisten en que la discreción ha de ser máxima y en que es el momento de «preservar esa posibilidad real de acuerdo» pero también sostienen que el Gobierno y el PP hablarán «sin condiciones». «Ha caído el presidente del Tribunal Supremo -remarcan en alusión a la dimisión de Carlos Lesmes- es un hecho de extrema gravedad».

El hecho de que Lesmes cumpliera el domingo la amenaza que había lanzado a los dos grandes partidos hace un mes, durante su discurso de apertura del año judicial, ha sido, efectivamente, un punto de inflexión en el tira y afloja que hasta ahora mantenían socialistas y populares y que ni siquiera habían conseguido aliviar los continuos llamamientos de la Unión Europea a resolver la situación. Una situación que tiene, pese a lo que pueda parecer, consecuencias tangibles para la administración de la justicia. No en vano hay más de medio centenar de nombramientos pendientes en el Supremo, los tribunales superiores y las audiencias provinciales y más de una quincena de plazas que ni siquiera se han podido cubrir de manera temporal.

«El escenario ha cambiado, estamos ante una situación de extrema gravedad», admiten en el Ejecutivo. Todo parece transmitir una cierta sensación de urgencia, pero en ningún caso en Moncloa hablan de acuerdo inminente. «Hemos tardado cuatro años – alegan- vamos a dejar trabajar», dicen evitando cargar las tintas sobre el PP, al que siempre habían acusado de bloquear la renovación para impedir que el Consejo pase de tener mayoría conservadora a progresista.

En febrero de 2021, Sánchez y Pablo Casado estuvieron a punto de cerrar un pacto que se frustró por la negativa del PP a aceptar la designación de José Ricardo de Prada, autor de algunos de los párrafos más contundentes de la sentencia del 'caso Gürtel' y de la exdiputada de Podemos Victoria Rosell. Sin embargo, ambas partes sostienen que todavía ni siquiera se han puesto nombres sobre la mesa. Feijóo insistió este martes, de hecho, en que primero hay que establecer «un nuevo marco que profundice en criterios de independencia» y que eso debe hacerse «sin hablar de un solo nombre ni de candidatos».

La salida airosa para que ni uno ni otro parezcan haber agachado la cerviz está, en todo caso, en la propuesta que el propio líder del PP remitió en julio al Gobierno y en la que se sugería encargar al CGPJ ya renovado una propuesta de reforma de su sistema de nombramiento que después sería remitida al Congreso. Una vez allí, los populares planteaban crear una ponencia en la Comisión de Justicia que habría de emitir un informe en el plazo de seis meses. Llegado el momento, ese plazo siempre puede alargarse, como ocurre con casi todos los asuntos que se tramitan en la Cámara baja. Pero además, los populares no tienen mayoría de modo que sería difícil que los socialistas se vieran realmente en un apuro.

Feijóo, de hecho, aseguró que si llega a la Moncloa tras las elecciones generales acometerá la reforma. «Es un compromiso no sólo electoral -dijo-, sino un compromiso personal». En 2011, Mariano Rajoy llevaba esa misma propuesta en su programa y sin embargo, acabó arrumbada en un cajón a pesar de que el suyo era un Ejecutivo con mayoría absoluta.