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Alberto Núñez Feijóo este jueves en la sede de Génova. E. P. | Vídeo: Atlas

Feijóo amaga con denunciar en Europa los nombramientos del Gobierno para el Constitucional

El PP presentará en enero un plan de «calidad institucional» para superar la política «de bloques» y «recuperar el respeto a las instituciones, por las leyes, la Constitución»

Jueves, 29 de diciembre 2022, 13:36

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El PP dejó este jueves abierta la puerta a denunciar en Europa los nombramientos «escandalosamente partidistas» para el Tribunal Constitucional del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, a pesar de haber recibido el plácet de la corte de garantías. «En caso de que se confirmen estos nombramientos –como sucedió este jueves– nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y nuestra postura de regeneración», avanzó Alberto Núñez Feijóo durante su balance de fin de año, sin precisar más detalles.

Los populares ya remitieron el pasado 2 de diciembre sendas cartas a la vicepresidenta de la Comisión Věra Jourová y al comisario de Justicia Didier Reynders censurando la designación de Campo y Díez por «violar» los llamamientos de la Unión Europea a los Veintisiete para garantizar la independencia judicial. Este jueves, el líder conservador ahondó en esa idea al considerar que su elección va «en contra de la independencia» y de la «despolitización de la justicia» y exigió al Ejecutivo que diese marcha atrás en su decisión. En cambio, sí aplaudió la elección de César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos por unanimidad por el CGPJ y con perfiles «solventes e independientes».

Feijóo descargó toda la responsabilidad de la crisis institucional en el Ejecutivo, «que no ha querido entenderse con la alternativa», al tiempo que acusa a Pedro Sánchez de querer «controlar el Constitucional» como ha hecho en los últimos años al colocar en el Centro de investigaciones Sociológicas, en Indra, en la CNMV o en RTVE a personas afines al PSOE. «Al Gobierno le interesa una justicia controlada. Nosotros –defendió–queremos mejorar el sistema, homologarlo al de otros países europeos y despolitizar la Justicia».

En ese contexto, el expresidente de la Xunta anunció un «plan de calidad institucional» contra la «política de bloques enfrentados», que pilotará el vicesecretario Esteban González Pons y que se presentará en enero. Un plan que pretende guiar la «futura acción de gobierno» del PP y frenar el «deterioro» democrático e institucional causado en los últimos meses por el Ejecutivo de coalición, y que incorporará medidas para «evitar casos de nepotismo» en las instituciones del Estado con el fin, señaló, de que «gobiernen los mejores servidores y no lo más adeptos más fieles» al líder.

Carencias del Gobierno

La alternativa, explicó el dirigente conservador, se hace cada día más necesaria y evidente. Especialmente en los últimos tiempos con la derogación de la sedición, la reforma del delito de malversación, los ataques a los jueces o los pactos con los independentistas. En su opinión, en el Ejecutivo actual «sobra frivolidad, inexperiencia, ruido y división y falta orientación, rigor, seriedad y sentido de Estado».

Feijóo puso sobre la mesa las medidas que el PP reclama para apoyar el paquete anticrisis aprobado por el Gobierno en su tramitación parlamentaria y con las que espera ampliar la protección a las rentas medias y bajas y a los colectivos más vulnerables. Entre ellas, que el «mini cheque electoral» de 200 euros a las rentas medias y bajas cambie su aplicación y, en vez de ser necesario solicitarlo, que se devuelva de manera automática a través de la declaración del RPF, «para que sea efectivo y no tener que hacer burocracia».

También habló de ampliar el descuento de 20 céntimos en combustible –puesto que en el último paquete ha quedado reducido a determinados sectores como el transporte, la agricultura o la pesca– y extenderlo a todos los trabajadores autónomos y a las rentas medias y bajas, así como ampliar la bajada del IVA a otros alimentos básicos como la carne, el pescado y las conservas.

El líder gallego reconoció que el 2022 ha sido un año crucial para el PP, que comenzó con «una crisis aguda, pero corta en el tiempo» que acabó con la salida de Pablo Casado y su aterrizaje en Madrid. Con la mirada puesta en el año electoral que viene por delante, reconoció que el partido tiene muchos retos por delante como definir la relación con Vox, teñir el mapa de azul en mayo y llegar de nuevo a la Moncloa.

«Ni poniendo palos en las ruedas ha tenido éxito», ironiza el PSOE

El PSOE no alberga el más mínimo temor a que Bruselas censure la decisión de Pedro Sánchez de meter en el Tribunal Constitucional a su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exasesora del Ministerio de Presidencia y vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, Laura Díez. Ya el día en el que anunció su designación, el comisario de Justicia, Didier Reynders, apuntó que es relativamente común en Europa que exmiembros del Gobierno formen parte de este tipo de órganos, aunque añadió que esperaría a tener todos los detalles.

Los socialistas se sienten estos días como los grandes triunfadores de una larga partida de ajedrez. Presumen de haber cogido al PP con el pie cambiado y de haberle dejado noqueado al aceptar este martes los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial las propuestas de magistrados al TC planteadas por sus colegas conservadores. La operación deja en el aire la presidencia del supuesto favorito del Gobierno, el exfiscal general Cándido Conde Pumplido, pero garantiza desde ya nueve años de mayoría progresista en el tribunal.

La ministra de Educación y portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, a quien correspondió ayer dar réplica al balance del líder de la oposición, tiró de ironía precisamente a cuesta de este tema. «Ni queriendo poner palos en las ruedas ha tenido éxito el señor Feijóo», dijo. Los socialistas se guardan además un as en la manga para intentar forzar a los populares a renovar el CGPJ con cuatro años de retraso: no se sentarán a negociar el nombre del magistrado conservador que aún debe designar el Senado en sustitución de Alfredo Montoya, que renunció al cargo en julio tras sufrir un ictus, si ellos no facilitan el relevo en el órgano de gobierno de los jueces.

Alegría respondió así con desdén a la amenaza del líder popular de recurrir a Bruselas. «Llevan cuatro años pidiendo normalidad institucional y ahora les molesta que el TC, en ejercicio de sus competencias -enfatizó-, provoque la normal renovación».

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