El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes a las puertas de la Moncloa. / Efe

Sánchez desdeña las presiones y advierte de que la alarma es pasado

El presidente intenta zanjar sin éxito un debate que ha puesto al descubierto diferencias de criterio en el propio seno del Gobierno

PAULA DE LAS HERAS | MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid

El fin del estado de alarma, que estuvo en vigor desde finales del pasado octubre hasta este fin de semana, y la decisión de no solicitar una prórroga al Congreso han sumido al Gobierno en una situación de enorme presión y ha hecho aflorar discrepancias en el Consejo de Ministros, pero Pedro Sánchez se niega a dar su brazo a torcer. El presidente del Gobierno compareció este martes por segundo día consecutivo, tras casi una semana en silencio, para tratar de zanjar el debate, aunque está por ver que, no ya el PP, sino presidentes autonómicos de distinto signo y sus propios aliados parlamentarios se rindan.

Un día después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuntara en una tribuna en 'El País' que, si el Tribunal Supremo lo sugiere, el Gobierno estudiará una reforma que habilite a las autonomías a tomar medidas restrictivas como las que ya han tumbado algunos tribunales superiores, el jefe del Ejecutivo volvió a rechazar la más mínima modificación de la legislación sanitaria. Y lo hizo con enorme rotundidad. Además de afirmar tajante que «el estado de alarma es pasado» alegó que «una ley ordinaria nunca va a sustituir a la Constitución española». Y añadió: «Es de primero de derecho».Las palabras del presidente remiten al principal argumento con el que el Ejecutivo rechaza legislar en una dirección que hace tan solo un año no consideraba tan descabellada: la necesidad de ser garantista. A pesar de que en mayo de 2020 se comprometió con Esquerra y Ciudadanos a ofrecer una norma alternativa al estado de alarma, ahora sostiene que una ley ordinaria no puede nunca limitar derechos fundamentales.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, remató el argumento y apuntó que cuando a un Estado democrático no le queda más remedio que cancelar algunas libertades debe contar con el concurso de al menos dos poderes. El estado de alarma lo decreta el Gobierno pero requiere el visto bueno del Congreso. Y las medidas a las que puedan recurrir las autonomías, adujo, necesitan el aval de los tribunales.

Disonancias internas

El problema es que los tribunales han tomado hasta ahora decisiones contradictorias entre sí. Lo que avaló el Tribunal Superior de Justicia de Baleares o el de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, lo han tumbado los del País Vasco o Navarra. El Ejecutivo esgrime que por eso aprobó la semana pasada un decreto –para el que, por cierto, aún no tiene apoyos parlamentarios– que permite a las comunidades recurrir ante el Tribunal Supremo; algo que iba a hacer Canarias. Sin embargo, no todas tienen claro que esa vaya a ser una buena solución.

Montero se mostró este martes convencida de que «siempre que estén avaladas por los datos epidemiológicos», el alto tribunal dará el visto bueno a las restricciones adoptadas. Esa es también la posición de la vicepresidenta Carmen Calvo. El ministro Campo, magistrado y exvocal del CGPJ, puso en duda el lunes, sin embargo, que el Supremo acepte toques de queda sin el paraguas del estado de alarma, aunque recordó –como también hizo el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta– que a las autonomías siempre les queda el recurso de pedir que la alarma se decrete solo para sus territorios; una posibilidad a la que, sin embargo, se opuso la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hace solo una semana.

El galimatías volvió a provocar una vez más la respuesta airada de los socios del Gobierno en la Cámara baja. Algunos, como el PNV, Más País o Compromís reclaman directamente volver al estado de alarma. Entre otras cosas, porque, a pesar de que crean que habría sido bueno aprobarlo, no ven mucho margen temporal para meterse ahora a trabajar en una ley alternativa, como de manera insistente exige el PP. La de los populares, por otro lado, ya fue rechazada por la Cámara, aunque la mayoría de los grupos estaría dispuesta a repescarla y enmendarla con urgencia.

En lo que casi todos coinciden, en cualquier caso, es que en el marco actual los gobiernos autonómicos están desarmados. «Es un incumplimiento más», remarcó Gabriel Rufián, de Esquerra. «No han hecho sus deberes durante este año de pandemia», reprochó Mertxe Aizpurua, de EH-Bildu. «El resultado es una profunda descoordinación institucional que genera caos e incertidumbre para la ciudadanía», remarcó el líder de Más País, Íñigo Errejón.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, mostró sus sospechas de que tras la negativa de Sánchez de volver a la alarma haya razones económicas, la voluntad de salvar la campaña turística de verano. Montero admitió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «nos jugamos la temporada y la recuperación económica» y por eso mismo llamó a seguir respetando todas las medidas de protección sanitaria, pero negó que ese haya sido el motivo principal para no pedir una prórroga. «Han sido los indicadores epidemiológicos y no otra cuestión; cuando entramos en el estado de alarma la incidencia acumulada de contagios a catorce días era de 360 casos y hoy es de 198, pero además disponemos del instrumento más potente –repitió– que es la vacuna». También Sánchez insistió en que esa es la clave. «Estamos a 99 días de alcanzar la inmunidad de grupo», recontó durante una comparecencia en la Moncloa junto al presidente argentino, Alejandro Fernández.