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Pese a la discreción con la que PSOE y PP llevan las negociaciones para la renovación del Consejo del Poder Judicial (CPGJ), hay una aspirante a la vocalía del órgano de gobierno de los jueces que resuena por encima de los demás: Victoria Rosell. La «favorita» de Podemos ha sido vetada, como ya sucedió en las conversaciones de 2020, por los criterios de idoneidad que pusieron sobre la mesa los de Alberto Núñez Feijóo hace dos semanas, cuando se retomaron los contactos. Ahora las confluencias que conforman Unidas Podemos, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la cabeza, cierran filas para evitar lo que consideran «una cacería» a la que fuera su diputada tras las generales de 2015 y 2019. Mientras la formación que dirige Ione Belarra insiste en que no aceptará «ningún acuerdo» que no incluya a su candidata, desde IU y la propia lider gallega intentan templar los ánimos para no descarrilar un eventual pacto.
Díaz reunió este lunes a representantes del espacio confederal (Podemos, En Comú e Izquierda Unida) junto a Enrique Santiago, secretario general del PCE y que encabeza las negociaciones en este ámbito. El objetivo fue informar de los avances y retrocesos de la negociación y trasladar la «unanimidad» que existe en torno a Rosell entre todas las confluencias y que el veto «es una infamia».
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Sin embargo, la discreción de la vicepresidenta en esta cuestión contrasta con los mensajes trasladados desde Podemos. El portavoz del grupo confederal morado en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado este martes en rueda de prensa que «es un insulto a la inteligencia que el PP hable de despolitizar la justicia. Cuando el PP diga qué canditatos va a proponer estoy seguro de que muchos tendrán un marcado perfil político».
Además, el dirigente de Podemos cree que «no se puede permitir» vetos en esta negociación y ha vuelto a instar al PSOE que tampoco los acepte. «Este veto no tienen ningún sentido. Entendemos que nadie progresista lo puede apoyar», ha zanjado Echenique.
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