Una persona con un lazo amarillo en Sant Joan de Vilatorrada / EP

Las decisiones judiciales sobre los presos del 'procés' dinamitan la mesa de diálogo

La Fiscalía pide también al Tribunal Supremo que los dirigentes secesionistas no puedan salir de la cárcel a trabajar o a hacer voluntariado

CRISTIAN REINO Barcelona

El día después de que la jueza de vigilancia penitenciaria del juzgado número 5 de Barcelona revocara, a instancias de la Fiscalía, el tercer grado a cinco de los nueve presos del 'procés', el Ministerio Público solicitó al Tribunal Supremo que suspenda también la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a los dirigentes secesionistas. La Fiscalía opta por la vía más restrictiva y quiere impedir que los dirigentes secesionistas puedan disfrutar de beneficios penitenciarios como el 100.2, que les permitió entre febrero y julio salir de la cárcel de lunes a viernes durante el día para ir a trabajar o para hacer labores de voluntariado. La semana pasada, el Supremo ya tumbó el 100.2 a Carme Forcadell y ahora la Fiscalía reclama la misma decisión para los otros ocho internos soberanistas. Se anticipa una nueva guerra jurídica y Jordi Sànchez decidió hoy impugnar el veto al tercer grado.

La decisión de la Fiscalía del Supremo aviva más si cabe el incendio provocado por el juzgado de vigilancia penitenciaria con el tercer grado y deja el diálogo entre el Gobierno y el independentismo herido de muerte, más aún con la cercanía de las elecciones catalanas. Los independentistas y los comunes pidieron ayer al Gobierno que no se quede de brazos cruzados y mueva ficha. Los secesionistas no dudaron en cargar todas las tintas contra el Ejecutivo central, al que responsabilizaron directamente de las decisiones de la Fiscalía y hasta de las de los jueces, como si en España no existiera la división de poderes.

Con los últimos episodios judiciales, el independentismo da por dinamitado el diálogo. La revocación del tercer grado ha radicalizado además las posiciones de los secesionistas, que en vísperas de las elecciones vuelven a jugar la carta del victimismo y enarbolan la bandera de la resistencia. «Es el Gobierno quien ha decidido levantarse de la mesa», afirmó el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. «Sin justicia, no hay paz», advirtió Gabriel Rufián en el Congreso. «Si siguen así, nos vamos todos al carajo», avisó.

El presidente del Gobierno replicó que el Ejecutivo ni pone ni quita sentencias y se desmarcó de las decisiones de la Fiscalía. Pedro Sánchez aseguró que mantiene su compromiso con el diálogo, pero que a su juicio quien se niega a sentarse es Quim Torra. El presidente de la Generalitat habló el martes en términos muy duros e instó al Gobierno a detener las «hostilidades» contra el soberanismo.

     

     

Dilema de ERC

Las decisiones judiciales dan la puntilla al diálogo y comprometen al Gobierno central, que como afirmó ayer Sánchez, sigue contando con Esquerra como futuro socio para aprobar los Presupuestos, aunque sin descartar a Ciudadanos, lo que exaspera a los republicanos. «Me gustaría pactar con ustedes», aseguró el presidente del Gobierno, dirigiéndose a Rufián, a quien dedicó una larga respuesta en la réplica del debate en el Congreso sobre los fondos de la UE.

ERC está ante un dilema. En JxCat, desde el primer minuto, saltaron a la arena con el argumento de que el diálogo con el Gobierno no solo no ha dado frutos a la parte soberanista, sino que, según dijo Quim Torra, Cataluña está hoy peor, desde el punto de vista competencial, que al inicio de la mesa entre el Gobierno y el Govern. Tras la revocación del tercer grado, la bandera del diálogo con Madrid puede que ya no sea un valor añadido para Esquerra. El propio Oriol Junqueras empezó a girar su discurso hace una semana en TV3.

El mano a mano electoral que van a librar JxCat y ERC puede provocar una radicalización de las posiciones. La primera víctima de la retirada de la semilibertad a los presos del 'procés' es el diálogo entre Madrid y Barcelona. JxCat afirmó hoy que no se dan las condiciones para el diálogo. «¿Cómo tenemos que sentarnos con quien tiene por objetivo que el otro desaparezca?», cuestionó Josep Rull. «Parecía que podríamos rehacer puentes, pero de nuevo quedan truncados», aseguró Dolors Bassa.

Esquerra endureció las condiciones para retomar la mesa e instó al Gobierno a mover ficha. La amnistía es «absolutamente imprescindible» para mantener el diálogo, dijo Aragonès. La amnistía, añadió, debe ser la concesión previa que debería hacer el Gobierno para poder abordar la búsqueda de una solución política a la cuestión catalana y que la negociación pueda afrontarse en igualdad de condiciones.