La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borrás. / EFE

El Parlament aprueba el aval a las fianzas del 'procés'

Las fuerzas nacionalistas respaldan la creación de un fondo de 10 millones de euros para cubrir a los altos cargos del Govern en procesos judiciales

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

El Parlament de Cataluña aprobó anoche el decreto del Govern que sirvió para crear un fondo de 10 millones de euros con el objetivo de cubrir las fianzas de su altos cargos en procesos judiciales, siempre y cuando no haya sentencia firme condenatoria. Es el caso de la imputación de 34 exdirigentes en el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 (Diplocat)y por la que el órgano contable pide pagos de 5,4 millones de euros a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont o al exvicepresidente Oriol Junqueras, entre otros.

La luz verde para poner en marcha esta maniobra parlamentaria partió del Consejo de Garantías Estatutarias –organismo encargado de velar porque las normas catalanas se ajusten a la ley– que este jueves por la tarde contraavaló por unanimidad al Institut Català de Finances (ICF), entidad encargada, a su vez, de avalar a los investigados.

En su dictamen, que había sido solicitado por el PSC, Ciudadanos y PP, el Consejo solicita, sin embargo, al Govern que se realicen mejoras al decreto. En concreto, la disposición transitoria que hace referencia que si no se consigue que una entidad financiera se haga cargo de los avales, sea el ICF quien avale directamente esas fianzas, algo que ha acabado ocurriendo en este caso.

Abstención del PSC

Pese a todo, desde la Generalitat siguen trabajando para que un banco extranjero, tras la negativa de las entidades españolas, sea el que cubra las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas y se libere de dicha carga al ICF, cuyos miembros se mostraron divididos la semana pasada en torno a la cuestión. Pero este hecho aún no se ha producido. El objetivo, en cualquiera de los dos casos, es evitar que los investigados respondan con sus bienes personales.

El decreto se aprobó con el respaldo de todos los partidos independentistas de la Cámara (ERC, Junts y la CUP). Yaunque no era necesaria la abstención del PSC, los socialistas decidieron no decantarse por el sí o por el no. También hicieron lo propio los comunes. Un gesto hacia estas formaciones, teniendo en cuenta la postura del Tribunal de Cuentas, que el martes pasado pidió a la Abogacía del Estado que se pronunciara sobre la legalidad de que la Generalitat, perjudicada en el caso, avalase a los investigados por el mismo.