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El Consejo de Europa ha reclamado a España mejoras en la regulación de los conflictos de interés entre altos cargos del Gobierno, así como en ... sus reuniones con 'lobbies', los aforamientos o las puertas giratorias cuando abandonan sus funciones públicas para trabajar en el sector privado. Así se recoge en un informe publicado este miércoles por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) -en el que se afea a España una «pobre implementación» de las recomendaciones que la organización hizo en 2019 a nuestro país-.
En concreto, España ha implementado de manera parcial 13 de las recomendaciones, mientras que seis no se han aplicado en ningún modo. Esto ha llevado al GRECO a incluir a España en un procedimiento de incumplimiento y a pedir al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a que informe sobre los avances en esta materia de cara a la 100ª sesión plenaria del grupo.
Fruto de esos incumplimientos, el Consejo de Europa ha pedido a las autoridades españolas una mayor atención en la prevención de los conflictos de intereses de los altos cargos, además de mayor transparencia en las funciones ejecutivas de cargos superiores del Gobierno, incluidos sus asesores.
GRECO señala que aunque el Ejecutivo ha adoptado medidas para evitar el conflicto de interés en la Administración General del Estado, no ha diseñado una estrategia específica para los cargos del Gobierno central, quienes por su «naturaleza política» y su «interacción con el sector privado» enfrentan «desafíos particulares».
Asimismo, el informe ha solicitado mejoras en materia de declaración de bienes, regulación del 'lobbies', las puertas giratorias y el sistema de responsabilidad penal de los miembros del gobierno, conocido como aforamientos. Además, ha requerido una mayor independencia para la Oficina de Conflictos de Intereses y para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Sobre las puertas giratorias, GRECO incide en que no es suficiente que los altos cargos del Gobierno no puedan ejercer labores en 'lobbies' hasta dos años después de dejar sus cargos, como recogía el proyecto de ley sobre grupos de interés que cayó en la pasada legislatura. Señala, por contra, que la recomendación es «mucho más amplia».
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