El CGPJ defiende «actualizar» las retribuciones de jueces y fiscales ante su amenaza de huelga

El Consejo del Poder Judicial, a través de un comunicado, defiende que es «necesario revisar y actualizar las retribuciones adecuándolas a los principios, cuantitativos y cualitativos» que, esgrime, recoge la Ley 15/2003 de retribuciones de las carreras judicial y fiscal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El gobierno de los jueces ha acordado, asimismo, que llevará una propuesta de «revisión y actualización de las retribuciones» de la carrera judicial a la mesa que ha convocado el Ministerio de Justicia para el próximo 3 de mayo. De acuerdo con el escrito distribuido por el organismo, promoverá «un sistema retributivo objetivo, equitativo, transparente y estable».

El órgano se ampara en el Tratado de la Unión Europea y en su Tribunal de Justicia, que defienden que el hecho de que jueces y magistrados «perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial». Asimismo, según continúa el escrito, el CGPJ «está llamado a velar y a garantizar la integridad e independencia de los tribunales en el desempeño de la función jurisdiccional, así como a recordar que el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial constituye un elemento configurador de su indepedencia económica». Y pone de relieve tanto la posición institucional de la judicatura como el «severo» régimen de incompatibilidades al que está sometida.

Para efectuar propuestas de revisión y actualización de las retribuciones de la carrera judicial, el CGPJ ha designado a los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya, que serán quienes participarán en la mesa de retribuciones convocada por el departamento que dirige la ministra Pilar Llop la semana que viene.

El pasado lunes, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales -es decir, de todo signo, progresistas y conservadoras-, emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaban la insuficiencia del presupuesto destinado a retribución del personal en las cuentas del Ministerio de Justicia para este año. También advertían de las pocas garantías que les ofrecía la próxima mesa de retribuciones convocada para el 3 de mayo y que en ésta se pudiera alcanzar un acuerdo de incremento salarial, a la vista de que las del 31 de marzo y 4 de abril consideran que no hubo progresos.

De las siete asociaciones firmantes, Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales optan por esperar a la conclusión de la reunión de la próxima semana antes de tomar una decisión respecto a si secundar la convocatoria de huelga, o no.

En lo que va de año ya ha habido dos huelgas en la Justicia. Los letrados realizaron un paro que duró dos meses hasta que lograron una subida salarial de hasta 450 euros mensuales. A continuación, el 17 de abril, los funcionarios del área comenzaron su propia huelga para lograr una mejora en sus sueldos en la línea marcada por los letrados. Y ahora el conflicto laboral se extiende a jueces y fiscales.