La presidenta del Congreso, Meritxel Batet. / EFE

Batet cede a la presión del Supremo y aboga por retirar el escaño a Rodríguez

La presidenta del Congreso desoye el informe de los letrados de la cámara para evitar un conflicto con el Alto Tribunal pero acepta la petición de PSOE y Podemos de solicitar, primero, que se aclare la sentencia

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

La presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha abogado este lunes por el único camino que podía atajar de raíz el conflicto institucional que se estaba fraguando entre el Tribunal Supremo y el órgano que preside, la de reabrir la vía pararetirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, en contra de la decisión adoptada el martes por la Mesa de la Cámara baja. Aunque antes, el órgano pedirá al Alto Tribunal que le aclare la sentencia tras una votación en la que PSOE y Unidas Podemos volvieron a ejercer su mayoría por cinco voto a tres (con dos del PP y uno de Vox en contra) y en la que Batet se abstuvo de participar.

No fue un aribitrio sencillo, en mitad de un debate bizantino marcado por la postura de los letrados del Congreso, que intepretaron en un informe que la sentencia de un mes y quince días a Rodríguez con la accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo ya estaba cumplida al ser sustituída por el propio tribunal por el pago de una multa –que el parlamentario morado ya abonó–, frente a la de los magistrados del Suremo, «perplejos» por este escrito, que consideraron una «reinrepretación» del fallo.

La balanza terminó por inclinarla un oficio remitido el miércoles a Batet por parte del presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo, Manuel Marchena, en la que solicitaba que esta le comunicara la fecha de inicio de la inhabilitación de Rodríguez. O dicho de otro modo, una manera sutil de exigirle que se cumpliera con la condena.

Reunión bronca

La presidenta del Congreso convocó este jueves una reunión de urgencia de la Mesa para dar respuesta a Marchena. El debate, que se alargó más allá de las dos horas y media, fue bronco y Batet, según algunos de los asistentes, decicidió pronunciarse por primera vez al respecto. Aconsejada por el secretario general del Congreso, asumió su responsabilidad personal y anunció su decisión de dar cumplimiento a la sentencia y proceder a la retirada del escaño de Rodríguez. Tenía «claro» desde el principio que diputado debía haber perdido su escaño en virtud de la sentencia.

Pero lo que pudo haberse resuelto en ese momento, PSOE y Podemos exigieron, pese a todo, que se socilitara una aclaración de ejecución de sentencia, algo que se aceptó tras someterlo a votación. «Voy a ser claro, aclarar no quiere decir inventar. Según los letrados, la sentencia no dice de forma expresa que nuestro diputado deba perder el escaño», sostuvo tras la reunión el diputado de los morados Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa.

Mientras en el PSOE guardaban silencio, desde Vox, el vicepresidente cuarto de la Mesa, Ignacio Gil Lárazo, celebraba la decisión de Batet, aunque insinuaba que podía haber «influencias externas» que acabaran decantando a la presidenta del Congreso a optar por no retirarle el escaño a Rodríguez. «No es la Mesa ni la presidenta los que deciden retirar el escaño a un diputado, es el Supremo», zanjó. De igual modo se expresaban desde el PP. «El escrito del Supremo ha sido claro, por eso pedimos a la presidencia del Congreso que no dilate más la situación», lamentaba Ana Pastor.

Desde fuera de la Mesa, Ciudadanos tachaba de «espéctaculo» la jornada vivida este jueves en la Cámara baja. El diputado naranja Miguel Gutiérrez considera «absolutamente inconcebible» que Batet no hubiera tomado la decisión en firme. También afirmó que el PSOE «no tendría dudas» sobre la interpretación de la sentencia dsi el afectado fuera diputado de otro grupo político distinto de Unidas Podemos.

Las inhabilitaciones de Homs y Nuet, los precedentes más cercanos en la Cámara baja

La retirada del escaño a un diputado no es un suceso habitual en la historia del Congreso de los Diputados, pero existen precedentes. Los más recientes al debate jurídico que ahora pesa sobre el parlamentario morado Alberto Rodríguez lo protagonizaron Francesc Homs, entonces representante del PdCat, el 29 de marzo de 2017, y posteriormente el de ERC Josep Nuet, el pasado mayo.

En el caso de Homs, con el Partido Popular controlando la Cámara baja y Ana Pastor en la presidencia, el diputado fue condenado a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N de 2014. Lo que conllevó automáticamente su expulsión del Congreso.

A diferencia de lo que está ocurriendo con Rodríguez, en su caso la condena no se sometió a debate en la Mesa de la Cámara baja ni los servicios jurídicos emitieron informe. El Supremo notificó la sentencia a Pastor y esta, a su vez, a la Junta Electoral Central, que procedió a notificar a Homs la pérdida de su acta de diputado.

Nuet causó formalmente baja como diputado el pasado 4 de mayo, cuando se hizo efectiva la sentencia del Supremo a ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito de desobediencia grave por haber apoyado en la Mesa del Parlamento catalán la tramitación de determinadas resoluciones independentistas que el Tribunal Constitucional había rechazado.

El presidente del Supremo,Carlos Lesmes, notificó la sentencia a Meritxel Batet, que ya se encontraba en la presidencia del Congreso. En aquella ocasión el Congreso pidió también al Alto Tribunal aclaraciones sobre la firmeza de la sentencia y la ejecución de la inhabilitación, ya que alego no haber recibido un auto de ejecución.

Cuando el Supremo respondió, Batet llamó a Nuet para comunicarle la pérdida del escaño y, tras informar a la Mesa y a la Secretaría General de la Cánara, avisó a la Junta Electoral Central para expedir la credencial al siguiente de la lista de ERC por Barcelona que, en este caso, era Gerard Álvarez.

En el caso de Rodríguez, la Mesa decidió, con los votos de PSOEy Unidas Podemos, que el diputado no debía perder su escaño. Pero ahora Batet ha reabierto la posibilidad para evitar un conflicto con el Supremo.