La amnistía dejará sin juicio a unos 700 encausados por la intentona separatista

Sumar, en su reciente dictamen para defender la amnistía, también cifró en unas 700 personas las todavía «imputadas penalmente» por actos derivados del procés. Según los cálculos de la formación de Yolanda Díaz, los cortes de carretera han dado lugar a la incoación de 250 pleitos contra individuos (no organizados), mientras que el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona mantiene procedimientos contra 50 cargos de la Generalitat; 700 alcaldes han sido investigados por el referéndum; y el juzgado número 18 también de la ciudad condal hizo lo propio con otros diez dirigentes políticos por supuesta malversación en la difusión exterior del 'procés'. A todos ellos se suman los 54 encausados ante el Tribunal de Cuentas y los 600 expedientes contencioso-administrativos incoados a ayuntamientos.

En el otro lado de la 'trinchera', está la causa, lista para ir a juicio, del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona contra 45 agentes de la Policía Nacional, a los que el juez procesó el pasado enero por delitos de torturas, contra la integridad moral o lesiones a cuenta de las cargas efectuadas durante la celebración del 1-O.

En esos sumarios 'menores' están encartados la inmensa mayoría de los todavía siete centenares de encausados por el 'procés' en el sentido amplio, pero no los más importantes. El sumario de mayor trascendencia por lo ocurrido durante la intentona separatista de hace seis años y sus secuelas, excepción hecha del procedimiento seguido contra el expresident Carles Puigdemont y el resto de la cúpula independentistas, es el abierto en la Audiencia Nacional contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Todos ellos están procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista, achacándose además a ocho de ellos tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.

Según el juez Manuel García-Castellón, que acabó en junio la instrucción del caso, todos los imputados, detenidos en la denominada 'Operación Judas' –sostiene el instructor– formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

De acuerdo con el relato judicial, los miembros del ERT habrían tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes llevadas a cabo por los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el procés desde la cárcel de Lledoners. También tendrían ambiciosos planes. Así, habrían asumido el encargo del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria a fin de ocupar el Parlament, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.

El otro gran juicio que no se llegará a celebrar nunca una vez aprobada la amnistía será el previsto contra los responsables y activistas de Tsunami Democràtic, la plataforma que protagonizó a finales de 2019 graves altercados en protesta por la condena del Supremo. En aquellos días, las protestas incluyeron algaradas callejeras en numerosos rincones de Cataluña –particularmente en Barcelona–, amén de episodios tan graves como la ocupación de numerosas oficinas de Caixabank e Iberdrola (25 y 26 de septiembre de 2019); la toma del aeropuerto de El Prat con un centenar de vuelos cancelados y graves destrozos (14 de octubre); el corte durante 30 horas de la autopista AP-7 de conexión de la comunidad catalana con Francia (11 de noviembre); o el bloqueo de la AP-8 que une el País Vasco con territorio galo con una marcha lenta de camiones (12 de noviembre).

En mayo el magistrado levantó el secreto de las actuaciones sin que aún se sepa exactamente quiénes están imputados. En el marco de la investigación, la Guardia Civil situó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida en Ginebra, en la gestión en la sombra de Tsunami Democràtic. Sin embargo, la existencia de un aforado entre los investigados, la derogación de la sedición y las dudas acerca de si los hechos serían constitutivos de terrorismo han dejado en el aire la causa.