José Luis Moreno, en una imagen de archivo. / EFE

Los nuevos investigados en la causa contra José Luis Moreno guardan silencio

Una decena de personas estaban citadas este lunes en el juzgado de la Audiencia Nacional, seis se han acogido a su derecho a no declarar y dos no han acudido al juzgado

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

La primera jornada de las declaraciones de la 'operación Titella' en la Audiencia Nacional no ha sido demasiado productiva. El instructor de la causa en la que aparece como principal investigado el productor televisivo José Luis Moreno citó este lunes a 10 de los 77 investigados que pasarán hasta finales de agosto por el juzgado.

De esta primera lista, seis se acogieron a su derecho a no declarar ante las preguntas del juez Ismael Moreno y el fiscal alegando que fueron citados en julio y que no han tenido acceso a la documentación necesaria para preparar con garantías el interrogatorio. Mientras que otros dos no se presentaron a la citación.

Esta batería de comparecencias, poco habitual al tratarse de un mes sin actividad judicial ordinaria, responde al informe de 482 folios de la Guardia Civil de Cataluña y la Policía Nacional remitió al juzgado. En el mismo los agentes identificaron a todos los nuevos imputados, a los que dividen en administradores, testaferros y empleados de banca que presuntamente colaboraron con la organización de forma activa o secundaria.

Una trama cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos.

Esta estructura «dividida en células operativas y claramente jerarquizadas» tendría como supuestos líderes desde el año 2017 al propio José Luis Moreno y a Antonio Aguilera y Antonio Salazar, que contaban «con funciones definidas».

Unos 58 de los 77 nuevos investigados aparecen en el informe como presuntos testaferros de las empresas y sociedades que la trama habría utilizado para lucrarse con los mencionados créditos y concesiones bancarias. «Eran los encargados de personarse en la entidad bancaria, presentar la documentación contable y financiera que Aguilera y Salazar habían preparado junto al resto de sus colaboradores para así solicitar financiación para sus sociedades», recoge el informe policial.

Distintos roles

Del resto de nuevos encartados, los investigadores distinguían a los empleados de banca que, por una parte, tenían «conocimiento real de que los líderes de la organización» eran los que dirigían las sociedades y gestionaban la financiación «a pesar de no figurar en los órganos de administración de las sociedades ni aparecer en las mismas como socios o apoderados». Aun así, accedían a «facilitarles toda la información y realizar con estos las operativas bancarias que les pedían», ya fuese por «negligencia o por falta de diligencia en sus funciones».

Por otra parte, la policía judicial apuntaba a otro eslabón: el de los empleados de banco que «participaban de forma activa y directa en estas operaciones percibiendo de la organización una remuneración por su trabajo, tanto en dinero como en especies, como teléfonos móviles de alta gama, televisores, coches o estancias en hoteles».

Las indagaciones en torno a Titella (títere en catalán) comenzaron en 2018 y la operación explotó en junio de 2021 con la detención del popular ventrílocuo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos»