El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. / Efe

Marlaska afirma que los contactos con presos de ETA son «relaciones institucionales»

Asegura que las reuniones de Instituciones Penitenciarias con colectivos de reclusos «nunca condicionan» las decisiones de Interior

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid

El ministro del Interior resta importancia a los contactos entre el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias y el entorno de los presos de ETA reveladas en un informe de la Guardia Civil. Según Fernando Grande-Marlaska, los mensajes y reuniones entre el secretario general de prisiones, Ángel Luis Ortiz y el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, y el parlamentario vasco y abogado Julen Arzuaga fueron meras «relaciones institucionales» que, en ningún caso, han condicionado o influenciado las decisiones de Interior sobre el trato a los presos de la banda terrorista.

«Instituciones Penitenciarias mantiene relaciones institucionales con colectivos que representan a distintos presos», afirmó este lunes Grande-Marlaska, en su primera intervención pública desde que la semana pasada se publicara el contenido del vasto dossier de la Guardia Civil que destapó que los contactos e intercambio de mensajes entre Ortiz y los representantes de los reclusos terroristas comenzaron al poco de la llegada Moncloa de Pedro Sánchez. El ministro del Interior insistió en que los responsables de prisiones mantienen esos encuentros «institucionales» con todo tipo de «colectivos que representan a presos», no solo los de ETA, si bien no precisó qué otros «colectivos» de reclusos han sido recibidos con asiduidad por Interior para tratar su futuro penitenciario.

Sea como fuere, el ministro garantizó que esos encuentros «institucionales» no han influenciado los acercamientos y otros beneficios penitenciarios que Interior ha acordado para los presos de ETA desde 2018. «La aplicación de la ley ni se negocia ni se negociará», aseguró tajante el titular de Interior. «Esos encuentros, esas relaciones institucionales, nunca condicionan la aplicación de la ley penitenciaria», reiteró.

En cualquier caso, insistió en que las decisiones en materia penitenciaria parten de lo que proponen las juntas de tratamiento de las cárceles. Unas decisiones que luego son validadas por la justicia, dando cuenta de ello con la «máxima transparencia» a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a los medios de comunicación.

Aznar y Rajoy

En su opinión, esto no ocurrió en los gobiernos del PP, cuando ETA estaba activa y cometía atentados, ya que durante los ejecutivos de José María Aznar se trasladaron a 575 etarras y en los gobiernos de Mariano Rajoy a otros 230 presos de la banda terrorista. Ahora, según Grande-Marlaska -que recordó que fue víctima directa de ETA en su etapa como juez- «se aplica la ley penitenciaria con tratamientos individualizados». «La aplicación de la ley ni se ha negociado, ni se negocia, ni se negociará», zanjó el ministro.

No serán estas explicaciones las únicas esta semana. El ministro del Interior el próximo miércoles será interpelado en el pleno por PP y Vox sobre esos contactos con los representantes de ETA. Grande-Marlaska será preguntado sobre los «canales soterrados de negociación con representantes del mundo proetarra para programar la concesión de privilegios a los presos de ETA» y el motivo de haber «ocultado» que tenía un «permanente contacto con representantes de los presos de ETA a fin de cumplir sus exigencias».

La banda terrorista ya disuelta estará particularmente presente esta semana en el Congreso. Y es que l PP someterá este martes a votación del Congreso una proposición de ley para reformar el Estatuto de la Víctima del Delito con el fin de que se ofrezca una mayor protección a las mismas, con especial mención a las víctimas del terrorismo, frente a los beneficios penitenciarios que puedan disfrutar los autores o las «agresiones a su dignidad» por los homenajes que reciban los penados una vez libres, los conocidos como 'ongi etorris'. Precisamente, la investigación de la Guardia Civil sobre estos tributos públicos a los excarcelados es la que ha sacado a la luz los contactos del Ministerio del Interior con los representantes de los presos terroristas.