Madrid calcula en 127 millones el daño patrimonial por la venta de viviendas a fondos buitre

29/12/2018

La presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha anunciado que el Ayuntamiento está estudiando un nuevo proceso de nulidad de venta de las viviendas sociales al fondo Fidere en 2013 así como presentar un recurso al escrito del Tribunal de Cuentas ya que el Consistorio calculó el daño patrimonial causado por dicha venta no en 25 sino en 127 millones.

En una rueda de prensa --en la que ha estado respaldada por hasta once concejales de Ahora Madrid (Carlos Sánchez Mato, Esther Gómez, Javier Barbero, Yolanda Rodríguez, Mauricio Valiente, José Manuel Calvo, Paco Pérez, Rommy Arce, Marta Gómez Lahoz, Jorge García Castaño y Nacho Murgui)--, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo ha indicado que valoran iniciar un nuevo proceso de nulidad de venta para tratar de revertirlo tras la condena del Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa Ana Botella y su anterior equipo.

El procedimiento anterior fue archivado «por el informe preceptivo de la Comunidad, que fue negativo», escenario que ahora cambia con el escrito del Tribunal de Cuentas. Higueras ha recordado que el Gobierno municipal interpuso una demanda de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas a raíz de la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento, tribunal que, como ha recordado, se limita a los aspectos pecuniarios.

Dicha demanda del gobierno y de la dirección de la EMVS solicitaba la responsabilidad patrimonial de los antiguos gestores de la empresa y de la Junta de Gobierno presidida por Botella por la venta a Fidere de más de 1.860 viviendas sociales, «propiedad de toda la ciudadanía».

Siendo «muy prudentes» dado que no han podido analizar a fondo las 94 páginas de la sentencia, la alcaldesa en funciones ha anunciado que se está estudiando con los letrados del Ayuntamiento la presentación de un recurso relativo a la cuantía de la responsabilidad patrimonial y otro sobre la posibilidad de retomar o iniciar un proceso similar al de nulidad de la venta, rechazado el pasado abril por la Comunidad con su dictamen negativo, firmado por la comisión jurídica asesora del Gobierno regional.

Dictamen negativo de la comunidad

«Este proceso de reversión de la venta no es posible porque la Comunidad acaba de cerrar esa puerta. Para los afectados es bastante importante porque eso no se va a producir», lamentaba Marta Higueras el pasado 26 de abril. Hoy, ocho meses después, abre una posibilidad basándose en el escrito del Tribunal de Cuentas.

Si llegara a buen término el procedimiento de nulidad habría que revertir la situación al punto antes de la venta, es decir, que todas las viviendas pasarían a ser propiedad de la EMVS, unido al abono que tendría que hacerse a los fondos por la cuantía que pagaron por ellas. Serían los tribunales los que dirimirían qué hacer con aquellas viviendas que no pudieran ser revertidas.

Igualmente presentarán un recurso porque la reclamación municipal era de 127 millones, cuando la sentencia cifra la responsabilidad patrimonial en 25. «Por eso vamos a ver si planteamos ese recurso y si no fueran esos 127 millones nuestra siguiente petición sería de 57. No estamos conformes con la cuantía que se establece en la sentencia», ha manifestado.

La primera teniente de alcalde, por otro lado, ha confirmado que por el momento no han tenido ocasión de hablar con la Comunidad y que esperarán a hacerlo a que puedan leer la sentencia del Tribunal de Cuentas «con tranquilidad». El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha señalado este viernes que la posición del Gobierno regional es que la venta de pisos públicos a fondos buitre no debe «formalizarse», y por ello así lo acordaron con Ciudadanos en el Pacto de Investidura de 2015 y se ha votado por ley en la Asamblea de Madrid.

«El problema de las 1.800 familias no está resuelto»

Acompañada por el consejero delegado de la EMVS, Francisco López Barquero, la primera tenienta de alcalde ha dejado claro que «el problema de las 1.800 familias no está resuelto» porque los desahucios se siguen produciendo, a pesar de que Ana Botella llegara a afirmar que «sólo cambiaría el casero». Marta Higueras se ha dirigido a esas familias asegurándoles que el Ayuntamiento «sigue trabajando por el derecho a una vivienda digna y responsable». Para esas personas el Consistorio pone en marcha ayudas de emergencia social y ayudas al alquiler.

El Ayuntamiento de Madrid está personado en la vía penal que puso en marcha el PSOE, archivada en su día pero posteriormente reabierta a la vista de las conclusiones del primer informe de la Cámara de Cuentas. Barquero ha detallado que ahora se aportará a los tribunales la sentencia hoy conocida para que analice su posible inclusión en el procedimiento penal.

Preguntada sobre si los cargos públicos señalados por el Tribunal de Cuentas deberían dimitir, Higueras ha contestado que es una «cuestión personal» y ha insistido tanto en que será recurrida como en el hecho de que la sentencia «habla de responsabilidad contable, no de delitos». Entre los señalados por la sentencia se encuentra el concejal del PP Pedro Corral.

«No es una inocentada»

En la sentencia, dictada el 27 de diciembre, es decir, «no es una inocentada», ha bromeado Marta Higueras, la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas cifra en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS. «La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público». Además, habla de «falta de transparencia» y «opacidad» en toda la operación.

Por ello declara responsables contables directos al entonces máximo dirigente de la EMVS, Fermín Oslé, a la exalcaldesa Ana Botella y a todos los concejales de su Junta de Gobierno, Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y y Pedro Corral, que deben asumir el pago solidario para resarcir los daños.