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Las otras causas pendientes del rey emérito

Las otras causas pendientes del rey emérito

Corinna Larsen. Su nombre, anteponiendo el título de princesa, comenzó a hacerse coloquial en España en abril de 2012, tras el ‘tropiezo’ de don Juan Carlos en Botsuana. Aquel incidente no solo marcó un antes y un después, no solo sacó a la luz los trapos más oscuros del considerado, hasta ese momento, un rey ejemplar. También le señaló la puerta de salida. Con su abdicación en junio de 2014, tras 39 años en el trono, lejos de alejarse los nubarrones, se provocó la tormenta perfecta.

Mateo Balín / Madrid

Lunes, 8 de junio 2020, 18:50

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Hasta el punto de que, en cierto modo, don Juan Carlos ha sido repudiado por su propio hijo, que, al igual que en su día hizo con la infanta Cristina, a la que despojó del título de duquesa de Palma por los turbios negocios de su marido, apartó al rey emérito de cualquier actividad que tuviera que ver con la Corona.

Pero, dejando a un lado asuntos ‘familiares’, el romance -de años- que tuvo don Juan Carlos con Corinna lleva camino de convertirse en una penitencia judicial. Porque el rey emérito podría llegar a enfrentarse hasta en tres causas judiciales. Una, está clara, la que acaba de abrir la Fiscalía del Supremo, que ya investiga si don Juan Carlos recibió parte de una suculenta comisión de 80 millones de euros de que, sí, la supuesta princesa alemana dio cuenta al comisario Villarejo en una conversación que echa por tierra toda la reputación -ya maltrecha- del padre del rey Felipe. Fue precisamente uno de los despachos legales británicos que ha contratado Corinna Larsen para sus frentes judiciales, Kobre&Kim, ubicado en Londres, el emisor de la carta que el 5 de marzo de 2019 recibió la Casa Real, en la que se revelaba, «sin ninguna justificación documental», la supuesta designación como beneficiario del rey Felipe VI de la Fundación Lucum después de que falleciera don Juan Carlos. Aquello, se recordará, marcó un antes y un después en la relación entre padre e hijo. Y fue lo que llevó, más de un año después, a que el Rey renunciara a la herencia de don Juan Carlos.

La presencia de este bufete no es baladí, ya que en él trabaja el abogado que representa a Corinna, Robin Rathmell, el mismo que ha gestionado la defensa de la empresaria danesa desde que su nombre salió a la palestra en el caso Villarejo. En esa nota, Corinna dio detalles sobre los pormenores de la investigación abierta por la Fiscalía suiza sobre una donación de 65 millones de euros recibida en 2012, según publicó La Tribuna de Ginebra. Una partida que salió de una cuenta suiza erradicada en Bahamas y que estaba a nombre de la citada Fundación Lucum, inscrita en Panamá y detrás de la cual estaría don Juan Carlos.

A través de su abogado, la empresaria aseguró que se trató de un «regalo» que le hizo don Juan Carlos para ella y para su hijo por el «cariño» que les tenía. Pero negó que en ningún caso se tratara de las presuntas comisiones que se movieron en la adjudicación a una contrata española del AVE saudí por 6.700 millones. Una concurso que se ejecutó en 2011 y que ahora indaga la Fiscalía Anticorrupción española.

La decisión, por tanto, de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre, «así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera» cuyo origen pudiera ser ilegal o amoral, en referencia a la Fundación Lucum, da una nueva dimensión a la causa abierta en Suiza.

Primero porque da carta de naturaleza a la existencia de esa fundación, la misma en la que don Juan Carlos podría haber recibido 100 millones de dólares del rey saudí Abdulá en 2008. Y segundo porque vendría a dar veracidad al «donativo» entregado a Corinna en 2012, poco después del incidente del safari de Botsuana, cuando la relación había llegado a su fin.

Precisamente, en ese mes de marzo Corinna también fue a un notario en Londres para relatar las operaciones encubiertas del CNI para proteger a don Juan Carlos, en la figura de su exdirector Félix Sanz Roldán. Ese acta notarial revela que ella se llevó de su residencia de Mónaco a Londres «ocho cajas negras» con documentos sobre los negocios del Rey emérito. Se desconoce si se trataba de la Fundación Lucum. Pero por si acaso don Juan Carlos ya ha contratado a un abogado: el penalista Javier Sánchez-Junco.

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