Jueces y fiscales retan al Gobierno al convocar ya la huelga por sus retribuciones

Los firmantes, en cualquier caso, abren la puerta a desistir de sus intenciones en caso de que se atiendan sus demandas en la reunión del miércoles con los ministerios de Justicia y de Hacienda, a los que acusan de desoír sus peticiones y voluntad de diálogo desde hace años. Hacienda, el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, será el que lleve la voz cantante, en tanto y cuanto es responsable de aprobar la partida presupuestaria que permitiría este aumento salarial.

La protesta, señalan los firmantes de la convocatoria comunicada formalmente al presidente del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal del Estado y «la autoridad laboral competente», se justifica tanto por «la pérdida de poder adquisitivo» de jueces y fiscales desde 2009 como por «la cada día más compleja labor que implica el ejercicio de estas funciones». La amenaza de paralizar la administración de justicia llega después de que el Gobierno alcanzara a un acuerdo con los letrados judiciales tras una huelga de dos meses. El Ejecutivo aceptó en marzo subidas medias de entre 430 y 450 euros brutos al mes.

Tras este pacto, el camino quedó expedito para las reclamaciones salariales del resto de trabajadores públicos de Justicia, desde los de menor rango hasta los jueces y fiscales. Los funcionarios del ministerio comenzaron su huelga el 17 de abril y obligaron a suspender juicios de calado, como el que afecta al expresidente valenciano Francisco Camps por su supuesta relación con la trama 'Gürtel'.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá establecer los servicios mínimos para que la Administración de Justicia mantenga su funcionamiento en causas urgentes. Las propias asociaciones admiten la necesidad de preservar la actividad en procesos que afecten a levantamientos de cadáveres, órdenes de prisión para detenidos puestos a disposición judicial o cuestiones contencioso-administrativas que conciernan a derechos fundamentales. Se marcan también líneas rojas en las que se debe respetar el paro, como serían los juicios inmediatos por delitos leves.

El Ministerio de Justicia critica que este paso de las asociaciones judiciales y fiscales no favorece a la negociación, menos aún cuando está prevista la reunión del miércoles, en la que se abordarán estas subidas salariales. De consumarse, el paro en la justicia impactará de lleno en la campaña electoral para las municipales y autonómicas del 28-M.

Todo ello en un contexto en el que Podemos, socio minoritario del Gobierno, carga desde hace meses contra los jueces a cuenta de las rebajas de las penas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. Según dijo en su momento la ministra de Igualdad, Irene Montero, los jueces son «machistas y de derechas». Una declaraciones matizadas por la titular de Defensa, la socialista Margarita Robles, magistrada de carrera.