La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso. / R. C.

El Gobierno, abierto a «ajustar» su impuesto eléctrico al que apruebe Bruselas

El PP asegura que lo apoyará si se ajusta a lo planteado por Von der Leyen, pero exige además la retirada del gravamen a la banca

JOSÉ MARÍA CAMARERO | PAULA DE LAS HERAS Madrid

Fue «pionero» en la Unión Europea y Pedro Sánchez exhibe la anticipación del Gobierno a la hora de impulsar el pasado julio un impuesto a las energéticas que el martes empezó su andadura parlamentaria como un activo político en su pugna con Alberto Núñez Feijóo. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió este jueves que tendrá que acabar ajustando la fórmula diseñada por su departamento a la propuesta anunciada este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una vez sea aprobada por una mayoría cualificada de los Estados miembros.

A pesar de la similitud entre el discurso de Sánchez y el empleado ante el Parlamento Europeo por la dirigente comunitaria, que pertenece a la familia popular europea, la proposición de ley registrada en el Congreso por los socialistas y Podemos encaja con dificultad en el esquema esbozado en Bruselas. Fundamentalmente porque aunque el Gobierno hable de viva voz, como Von der Leyen, de un gravamen a los beneficios extraordinarios, lo que esta misma semana se ha empezado a debatir en la Cámara es una prestación patrimonial sobre la cifra de negocio de las compañías.

El PP, que pese a haber sopesado una abstención votó el pasado martes en contra de la mera toma en consideración de la medida, se aferró a esa diferencia sustancial para tratar de explicar su posición una vez los populares europeos asumieron el mensaje de que no se puede consentir que haya quien se enriquezca «gracias a la guerra y a costa de los consumidores». Y el propio Feijóo dejó caer en una entrevista en La Sexta que si el Ejecutivo hiciera «la misma propuesta que Europa», su partido la apoyaría.

El acuerdo entre Gobierno y oposición, sin embargo, no se presume tan fácil ni siquiera en el supuesto de que, como dice el PP, Sánchez se haga a sí mismo una «enmienda a la totalidad» en lo se refiere al tributo. Una enmienda que debería además conferir al gravamen un carácter finalista, de manera que lo recaudado se destine, como plantea Bruselas, a políticas energéticas que pueden ir desde reducir la factura de los consumidores a avanzar en la descarbonización, invertir en renovables o ganar eficiencia.

«Impuesto ideológico»

El problema añadido es que los socios de la coalición de gobierno no solo exigen una «contribución solidaria» a las petroleras, gasísticas y empresas de carbón. También se la demandan a la banca, algo que, al menos de momento, la Comisión no se plantea. El primer partido de la oposición reclama ahora al Ejecutivo que renuncie a ese otro gravamen si quiere contar con su apoyo y lo acusa de haber diseñado una «impuesto ideológico al Ibex».

Sánchez avisó a última hora de la tarde en un acto del PSOE en Toledo de que su intención en seguir adelante también con la figura impuesta a las entidades financieras y, obviando los argumentos del PP sobre la diferencias de su tributo y el europeo, lo acusó de votar cosas distintas en la UE y en España. «Es el ejemplo más elocuente de la oposición negacionista que sufre este país», censuró.

La ministra de Hacienda, a su vez número dos del PSOE, ya había replicado previamente con desdén a los populares. «El señor Feijóo practica una política tramposa. Cuando se le desmonta una excusa, se busca otra», dijo en una entrevista en Antena 3. Lejos de admitir que su diseño de los impuestos fuera, en palabras del vicesecretario de Política Autonómica del PP, Pedro Rollán, un «error», Montero argumentó además que para el Gobierno lo sustancial nunca fue «una cuestión técnica» (en referencia a si se gravan beneficios o se gravan ingresos), sino «pedir un esfuerzo a las eléctricas y a las entidades financieras».

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, matizó por su parte que antes de hablar de enmiendas habrá que ver cómo se concreta la propuesta de Von der Leyen.«Bruselas también entiende que se necesita adecuar (el nuevo gravamen) a la realidad fiscal de cada uno de los Estados miembros», adujo.