La Fiscalía investiga si Alvise cometió financiación ilegal por recibir 100.000 euros

El gestor de inversiones presentó su escrito contra Alvise el pasado 19 de septiembre, solo días después del abrupto cierre de su firma de inversiones, Madeira Invest Club (MIC), que ha dejado a cientos de damnificados sin sus ahorros (se estima que movió unos 300 millones) y que el eurodiputado promocionó la pasada primavera pese a la advertencia de la CNMV de que se trataba de un producto financiero de riesgo.

Según informó este miércoles el departamento que dirige Álvaro García Ortiz, la denuncia de Romillo ante el Ministerio Público, que fue ampliada este martes, se remitió un día después a la Fiscalía del Tribunal Supremo, «que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado».

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado no descarta, no obstante, que pudieran derivarse otros ilícitos además de la vulneración de la ley de partidos, como pudiera ser el cohecho. La ley de financiación de partidos prohíbe a las formaciones políticas, incluidas las agrupaciones de electores como la de Alvise, las donaciones anónimas y, en cualquier caso, establece que los partidos no pueden aceptar directa o indirectamente donaciones procedentes de una misma persona, aunque su identidad fuera conocida, superiores a 50.000 euros anuales.

Las formaciones políticas tampoco pueden tener acceso a donaciones procedentes de personas jurídicas. Además, todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación, un plazo que ya habría expirado.

Y es que, según la confesión de Romillo (que en el mundo de las inversiones no convencionales es más conocido como 'Luis Cryptospain'), entregó los 100.000 euros a Alvise el pasado 27 de mayo, solo unos días antes de los comicios europeos del 9 de junio, en los que el SALF obtuvo más de 800.000 votos y tres asientos en la cámara europea.

De acuerdo con las conversaciones y mensajes con Alvise aportados por Romillo en su denuncia, que se ha puesto a «disposición» de la Justicia para liquidar sus bienes para compensar a sus inversores con los fondos que todavía dice poseer en Portugal, la entrega del dinero bajo sospecha se produjo en las oficinas de Sentinel BQ, una empresa del mismo dueño de Madeira Invest Club (MIC). El efectivo le fue entregado a Alvise en mano por un empleado de Romillo.

Antes de que el ahora eurodiputado recogiese en persona los 100.000 euros, el 9 de abril, Alvise, según los pantallazos de mensajería aportados por el cripto-empresario, trasladó a Romillo sus «necesidades», entre las que citaba «fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas» para pagar, entre otras cosas, mítines, publicidad y actos de campaña.

En esos mensajes, el agitador ultraderechista reconocía que su objetivo antes de los comicios europeos era recaudar «entre 300.000 y 360.000 euros» para hacer frente a la campaña electoral y pagar a los «proveedores». El eurodiputado insistía al empresario en la necesidad de conseguir «fondos para el partido», ya que no podía pagar de su bolsillo por los límites de la normativa de financiación de partidos políticos.

Alvise abundaba en que necesitaba dinero para pagar las «multas» (sic) por «relevar secretos» de casos de pederastas y corrupta y más porque había anunciado que iba a sortear su sueldo cuando llegara a Bruselas. «Como voy a renunciar al 100% de sueldo público, me viene bien también eso para financiar la aventura política», le escribió supuestamente a Romillo.

La relación entre el Alvise y el fundador del club de inversión ya fallido empezó a finales de marzo de este año, de acuerdo con la documentación enviada a la Fiscalía. En abril, el candidato a las Europeas participó en un acto de promoción de MIC, en el que calificó el sistema fiscal español como «esclavitud moderna» e instó a los inversores allí presentes a buscar métodos alternativos para proteger sus activos y evitar la tributación tradicional.

La Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que el pasado viernes presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por el abrupto cierre de Madeira Invest Club, pidió este miércoles la imputación del eurodiputado tras conocerse el pago de los 100.000 euros. No obstante, el aforamiento de Alvise hace imposible esa medida y apunta a que la causa por la quiebra de MIC podría acabar en una querella ante la Sala Segunda (Penal) del Supremo si se confirma el papel relevante del líder de SALF.

Este colectivo de damnificados denunció que la desaparición de este club, al que Alvise Pérez comenzó a promocionar cuando solicitó donaciones opacas para su partido a través de plataformas avaladas por MIC, ha dejado a 27.000 inversionistas sin su dinero.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había calificado como chiringuito financiero el Madeira Invest Club en mayo del año pasado, visto que prometía rentabilidades increíbles superiores al 50% anual. Pese a ello, según los denunciantes, movió activos cercanos a los 300 millones de euros.