Un emérito privilegiado

No se habían cumplido tres meses del relevo en la Casa Real de los Orange-Nassau cuando otro rey europeo tomó el mismo camino que Beatriz. Alberto de Bélgica no estaba predestinado a reinar. Pero quiso la naturaleza que su hermano Balduino no tuviera descendencia y que él fuera su legítimo heredero. La Casa Real belga había diseñado un plan para, una vez faltara Balduino, Alberto renunciara a sus derechos en favor de Felipe. Pero la muerte prematura del marido de Fabiola, a los 62 años, lo desbarató todo; de ahí que Alberto fuera durante dos décadas el rey de los belgas.

Al año siguiente, el 2 de junio, primero Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, y más tarde el propio don Juan Carlos, en sendos mensajes en televisión, sorprendieron con el anuncio del cambio en la Jefatura del Estado. Ese día se puso en marcha la maquinaria para que diecisiete días después don Felipe pudiera ser proclamado Rey de España en las Cortes, tiempo que se empleó también para perfilar y dar base legal a la posición y funciones del rey saliente después de casi cuatro décadas al frente de la Casa Real.

A la hora de ceder el trono, don Juan Carlos, como ahora en la aceptación de irse de España para no dañar a la Corona por, según sus palabras, «ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada», puso una condición irrenunciable: mantener el título de Rey de España. El 13 de junio de 2014, el propio don Juan Carlos firmó un real decreto del Gobierno por el que se disponía que «continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de rey, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona». Rey a secas, sin la coletilla de emérito que a don Juan Carlos, según comentan en su entorno, tanto incomoda, pero que ha colonizado las redacciones primero y la calle después para distinguir así al rey padre del rey hijo.

A ello se unió la decisión de don Felipe de mantener a sus progenitores como miembros de la Familia Real, y no de la Familia del Rey, con agendas propias con las que representar a la Corona. Precisamente, la reorganización de la Casa, al ser facultad única del monarca, es la baza que mantiene Felipe VI en el supuesto de tener que ofrecer otro gesto de distanciamiento con su padre, una vez que en junio del año pasado lo apartara de los actos oficiales, que en marzo le retirara la asignación y renunciara públicamente a su herencia, y que ahora impulsara su salida de Zarzuela.

El traspaso de poderes en Países Bajos y en Bélgica no precisó de tantas intervenciones como en nuestro país. En Holanda ya había mucho trabajo hecho, hasta el punto de que parece haberse institucionalizado ya que el jefe de la Casa de los Orange se jubile a los 75. La reina Beatriz cedió su corona y su título, para adoptar el de princesa de los Países Bajos, como también en su día hizo su madre Juliana.

Beatriz, que ha aceptado de buen gusto su nueva situación, sigue como miembro de la Familia Real y colabora activamente con la Corona en todo tipo de actos benéficos y culturales. Y no despega de su cara una enorme sonrisa. No puede decirse lo mismo de Alberto de Bélgica, a quien sí se le mantuvo el título de rey, pero apartado de la Familia Real y sin agenda. El padre de Felipe de los belgas, lejos de contribuir a fortalecer la imagen de la monarquía, se dedicó los primeros meses a criticar, en televisiones privadas del país, la escasa asignación que le había quedado.

No fue ese el único de sus males. El rey Alberto perdió su inviolavilidad desde el momento en que abdicó, de lo que se valieron los abogados de la hija de una noble belga para llevarlo ante los tribunales ordinarios y obtener una prueba de paternidad que confirmó que sí, que Delphine Boël era hija suya.

También don Juan Carlos y la reina Beatriz perdieron su inmunidad. La diferencia entre el emérito español y los otros dos monarcas que dieron un paso al lado es que el padre de Felipe VI goza de la protección del aforamiento, una ventaja procesal de la que disfrutan miembros del Gobierno, diputados, senadores y la cúpula del poder judicial. En total, más de 17.600 personas en nuestro país. La instrucción y el juicio de las causas de los aforados se llevan a cabo en el Tribuna Supremo.

Don Juan Carlos reforzó su protección con un reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 11 de julio del 2014, se introdujo que «además de las competencias atribuidas a las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte».